Torturas en Malvinas: “Nos enfrentamos a 40 años de impunidad”

Este 14 de junio se cumplen 40 años del fin de la guerra de Malvinas, una contienda bélica que fue el último y desesperado intento de la Junta Militar por perpetuarse en el poder.

Una contienda bélica que duró 74 días y dejó como saldo 649 muertos y 1650 efectivos heridos. Sobre los 23.544 combatientes que pelearon en Malvinas, el 51% eran jóvenes que venían de recibir el servicio militar obligatorio. Según registros oficiales, casi el 70% de los argentinos que murieron en Malvinas tenían menos de 25 años.

La guerra de Malvinas fue un resorte más del terrorismo de Estado. Así lo viene denunciando desde hace décadas el Centro de Excombatientes CECIM de La Plata que señala que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que construyó nuestro pueblo con los organismos de Derechos Humanos no está contemplando lo que pasó en el final de la dictadura cívico-militar.

“Llevamos años reclamando un proceso judicial por las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en la Guerra de Malvinas”, denuncia Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata.

Es por ello que considera que necesario dejar de llamar “gesta heroica” a una guerra que implicó torturas, estaqueamientos y tratos inhumanos de jefes y autoridades de las Fuerzas Armadas (FFAA) contra los propios soldados argentinos.  

Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata

“Fue la propia dictadura militar la que planteó a la guerra de Malvinas en término de gesta. No estamos de acuerdo con eso, ni con quiénes la gestaron”, expresa Alonso con claridad y agrega que si se analiza las consecuencias del conflicto armado queda claro que nos alejó aun más de las islas.

“Después de la rendición y de haber concluido el episodio bélico los británicos multiplicaron veinte veces los territorios ocupados. No hay que dejar de analizar la guerra en el contexto de una dictadura militar y en plena guerra fría, donde esa decisión le vino como anillo al dedo al imperialismo. Lamentablemente, las FFAA de ese entonces no estaban preparadas para la defensa de la soberanía. Todo lo contrario; llegó a Malvinas también con la Doctrina de la Seguridad Nacional, y es por eso que se dieron estos hechos aberrantes”, dijo en una entrevista mantenida con VillaNos Radio.

Vale mencionar que a comienzos de mayo el CECIM La Plata hizo una presentación para que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, el suizo Nils Melzer, se expida sobre las demoras del Poder Judicial argentino en resolver la causa por las torturas en las islas, lo que implica una “revulneración” de las víctimas.

La causa, identificada con el número 1777/07, está radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande y tiene 130 jefes militares imputados. Mientras se espera el pronunciamiento de la Corte, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento a tres ex militares. Se trata de Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, cuyos procesamientos por el delito de “vejaciones” quedaron anulados. Los camaristas -Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la tercera integrante de esa sala Ana María Figueroa-, fundamentaron su decisión remitiéndose a un fallo anterior que consideró prescriptos los hechos denunciados por no constituir delitos de lesa humanidad.

Imponer el silencio

Ernesto Alonso fue reclutado para la guerra mientras hacía el servicio militar obligatorio. Combatió en Malvinas integrando el Regimiento de Infantería Nº 7, al que le tocó estar en Monte Longdon.

Recuerda que, tras el fin de la guerra, la dictadura impuso sobre los excombatientes la obligación del silencio.

“Cuando volvimos de Malvinas no nos recibieron asistentes sociales ni profesionales de la salud, sino lo peor del aparato represivo: servicios de inteligencia y contrainteligencia. Particularmente el Ejército nos llevó a Campo de Mayo y desde ahí empieza a aparecer la imposición del silencio, que de esto no teníamos que hablar.

“Quienes vivimos nuestra adolescencia durante la dictadura militar, sabemos que estos tipos eran los dueños de la vida y la muerte de los que andábamos por la calle. Todos teníamos un familiar, un amigo o un conocido represaliado, y encima uno siendo de La Plata donde la represión fue terrible. Aquí hice prácticamente todo el secundario, ingresando en la colimba en 1981, y sabíamos que esto era así y que por eso se nos trató de imponer el silencio.

“Ahora, muchos compañeros, con mucha valentía, denunciaron estos hechos ante los propios militares. Cuando éstos advierten la cantidad de denuncias, ahí arman todos los procedimientos de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados conscriptos y qué hacer con los familiares de los caídos. Ellos avizoraban que se terminaba la dictadura e iba a empezar un gobierno democrático.

“La gran lucha de los organismos de DDHH empezaron a plantear una revisión con respecto a los hechos ocurridos en Malvinas. Por eso, había una bajada de línea muy fuerte, diciéndonos que no teníamos nada que ver con estos organismos, ni tampoco querían que los familiares de los caídos se asociasen a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, hubo órdenes de ocultamiento, más precisamente una orden de Cristino Nicolaides, comandante en jefe del Ejército, que advertía que había que parar el efecto bola de nieve. Todo se tenía que dirimir en instancia administrativa, y si dada la gravedad del hecho debía pasar a la Justicia Militar, tenía que ser autorizado por el propio comandante en jefe del Ejército.

“Este es el comienzo. En una breve línea de tiempo, advertimos que esas órdenes, esos procedimientos, esas estructuras de inteligencia y contrainteligencia, siguen hasta la actualidad en las FFAA. En 1988, el Cecim de La Plata publica el Informe Rattenbach, que estaba bajo secreto militar pero que queríamos dar el debate. Había una comisión bicameral para investigar los hechos. Se hizo el Juicio a las Juntas y nunca se llamó a declarar a un soldado. Se condenó a Anaya, Galtieri y Lami Dozo, pero de ahí para abajo a nadie más. Entonces, en 1988, cuando sacamos esa publicación, el Ejército nos hizo inteligencia, estando en democracia.

“En 1992, cuando denunciamos los crímenes británicos, que vino Scotland Yard a la Argentina, el Ejército argentino infiltró nuestras organizaciones. Hay que ver quién era el comandante en jefe en esa época. Y más acá, el 29 de mayo de 2019, al conmemorarse el día del Ejército, siendo presidente Macri, el comandante en jefe del Ejército Pascualini dice que pseudas imputaciones quieren enlodar la valentía de los hechos sucedidos en Malvinas. Cuando se refería a eso, se refería a la acción que nuestras organizaciones vienen llevando adelante, donde se reclama que el proceso de memoria, verdad y justicia que nuestro pueblo pudo lograr también tiene que culminar con los hechos sucedidos en Malvinas.

Llevamos 15 años y más de 130 militares denunciados, 190 víctimas y testigos. Hay llamados a indagatorios postergados, con una justicia lenta que impone una impunidad ideológica. Una corte que no tiene plazos, y que no genera ningún tipo de confianza. Nos enfrentamos a 40 años de impunidad, con la necesidad que exista un proceso judicial para reparar a aquellos compañeros que fueron víctimas de las graves violaciones a los DDHH.

Quienes fuimos enviados por la dictadura no lo hicimos de forma voluntaria; estábamos haciendo el servicio militar obligatorio; por eso es un mito eso de decir que fuimos de forma voluntaria.

– ¿Qué expectativas tienen sobre la acción del relator de la ONU ante la inacción del Poder Judicial argentino?

Recurrimos a la Corte Interamericana porque la Argentina tiene convenios y pactos que debe cumplir en protección de los DDHH. Y, en este caso, tratándose de torturas, ya no se discute más si son crímenes de lesa humanidad o de guerra; acá hubo torturas, y las torturas cometidas por funcionarios estatales, el Estado tiene la obligación de investigarlos.

La Corte sabe que estamos en una instancia superior. O sea, tenemos que ir a Washington para pedir justicia, es terrible. Y ahora sumamos esta presentación para que el relator especial de la ONU contra la tortura analice estos hechos. Con la cantidad de pruebas existentes, ya tendríamos que estar hace tiempo en la instancia de juicios orales. 

“Quienes fuimos enviados por la dictadura no lo hicimos de forma voluntaria; estábamos haciendo el servicio militar obligatorio; por eso es un mito eso de decir que fuimos de forma voluntaria”

Recordemos que en el año 2015 se desclasificaron la totalidad de los archivos secretos de Malvinas. Hay un informe del Ministerio de Defensa de la Nación donde constata que hubo violaciones de los DDHH; aparecen en los documentos oficiales de las FFAA, no de un organismo de DDHH. Ahí aparece el expediente donde no hacían inteligencia en 1988 y 1992, en democracia; aparecen las actas de recepción que firmamos con los compañeros que denunciaban estos hechos, y al lado estaba la firma de un suboficial que daba fe de eso. Y aparecen los mecanismos burocráticos de ocultamiento.

A algunos, les pusieron 2 o 3 días de arresto. No sé qué está esperando la justicia para avanzar al respecto. Está escrito en los servicios históricos de la Marina, la Fuerza Aérea, el Archivo General de la Nación. Están todos los documentos. Acá ya no se puede tapar el sol con las manos. Pero, lamentablemente, estamos en manos de este Poder Judicial de la Nación que no está a la altura de las necesidades de este pueblo.

– Desde el CECIM impulsaron la campaña que busca testimonios de excombatientes que hayan sufrido torturas o maltratos, ¿cuáles han sido los resultados hasta el momento?

Seguimos sumando denuncias a la causa. Lo que hay que entender es que a los jóvenes que fuimos a Malvinas nos pasó por arriba la topadora de la dictadura militar. Así como sabemos de personas que han pasado por centros clandestinos de detención, ese miedo quedó impreso, tatuado, en los cuerpos. La tortura es un tema que todavía nos duele. Hay compañeros que nunca lo comentaron, ni siquiera en su círculo familiar; nunca hablaron. Y esto también hay que referenciarlo. Se dice muchas veces de los soldados conscriptos que se suicidaron después de la guerra de Malvinas, y en esto la sociedad tiene que hacer un recorrido de memoria, de entender que esos muchachos vinieron, volvieron a algún lugar, otros volvieron a un no lugar, muchos no tuvieron contención, no pudieron hablar, y además fueron intervenidos.

“La tortura es un tema que todavía nos duele. Hay compañeros que nunca lo comentaron, ni siquiera en su círculo familiar; nunca hablaron”.

Hoy hay un discurso aberrante que se da en términos de la épica militar. Fuimos a unas actividades a una feria del libro y en un stand de una editorial que se dedica a estas publicaciones y había mesas enteras de libros de los coroneles y capitanes que se te ocurra, dando detalles del momento que dispararon o tuvieron un episodio bélico. Con esos relatos épicos todavía no se explican cómo perdimos la guerra.

Ahora, de esto no hablan, les agarra amnesia. Hay un silencio cómplice. Es un problema de las FFAA. No hubo ningún oficial o suboficial torturado, abusado ni picaneado en Malvinas, ni que muriese de hambre ni fuese enterrado allí. No hubo nada de eso, pero todos fuimos testigos. Eso fue parte del amedrentamiento y del disciplinamiento que se nos quiso imponer.

Por eso, cuando uno ve lo que se habla en los programas de televisión o lee los editoriales de diarios impresentables como La Nación, Clarín o Infobae, haciendo reconocimientos públicos de gente que está mencionada en la causa y procesados, que son responsables de la muerte de compañeros, se ve a los poderes a los que hay que enfrentarse todavía. Desde la cultura estratégica, también quieren que sigamos hablando de la guerra y no quieren que hablemos de otra cosa. Quieren que hablemos de la guerra en contexto épico, porque es más fácil contar la historia de Rambo que contar las penurias y barbaridades que hicieron con los soldados.

¿Cómo se problematiza esta idea del héroe de Malvinas en este contexto?

Además del Cecim, conformamos una mesa de coincidencias de Malvinas que es un grupo de organizaciones que integran ex soldados conscriptos y civiles. En este presente es minoritaria, porque también hubo un trabajo de las FFAA de penetrar e intervenir todas las organizaciones posibles. En la década del 80 no existía la palabra veterano de guerra, que es algo que nosotros no asumimos porque es un término castrense. Esa palabra aparece en 1992 en los acuerdos del entonces presidente Menem con los carapintadas, metiéndonos así en una misma bolsa a todos juntos. Nosotros tenemos la identidad y así nos autopercibimos como ex soldados conscriptos y ex combatientes en Malvinas.

“Quieren que hablemos de la guerra en contexto épico, porque es más fácil contar la historia de Rambo que contar las penurias y barbaridades que hicieron con los soldados”.

Además, hay que plantear hacia las nuevas generaciones la formación y la cultura de la paz, no la cultura de la guerra, porque si no vamos a ser cada vez más súbditos. No tenemos que hacer un recorrido muy largo hacia atrás. Los conflictos que se dan en el mundo, donde los pueblos son diezmados y vienen después los grandes imperios para quedarse con los recursos naturales. Entonces, también tenemos que trabajar en la cultura de la paz, porque a 500 kilómetros de nuestra Patagonia hay una fortaleza poco agradable que es la OTAN. La diferencia que hay entre ese poderío y lo que hoy tenemos en la Argentina hace que la guerra no sea un camino a recorrer. El camino es el del mejoramiento de la formación, la educación, el desarrollo científico y tecnológico de nuestros recursos naturales, y tener políticas claras en los gobiernos que se sucedan para defender los intereses de los 47 millones de argentinos. Esa es nuestra posición y nuestra lucha, que tiene que ver con una mirada de DDHH hacia Malvinas y también de fortalecer las políticas soberanas en función de defender los intereses de los habitantes de nuestro territorio y de toda la región.