“Tienen una forma de gobernar de impunidad”, consideraron desde ATE ante la negativa municipal de reincorporar al personal de salud despedido

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El gobierno del intendente Daniel Gómez Gesteira decidió incumplir la orden judicial de la jueza Viviana Rodríguez que resolvió reincorporar a lxs trabajadorxs de salud despedidos el pasado 31 de diciembre.

Este jueves 3 de junio a las 07:00, Alejandra Manquillef, una de las profesionales que debía retomar sus labores, se presentó en el hospital Gumersindo Sayago acompañados por directivos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En ese marco Rodrigo Luciano, quién se presentó como encargado del área de Recursos Humanos del nosocomio, les comunicó que no podían ingresar. “Están incumpliendo con una sentencia judicial. No tienen la potestad de no cumplirla, sino la obligación de respetarla”, dijo María Marta Terragno, abogada de ATE.  

El argumento esgrimido para impedir el ingreso fue el municipio presentó un recurso de amparo, al que la letrada calificó de “excusa”. “No tiene ningún sentido ni asidero jurídico. No tienen sentencia ni una orden judicial. Nosotros sí tenemos una orden judicial de la jueza Rodríguez que ordena la reincorporación inmediata. El municipio se resiste incumpliendo una orden judicial y, por lo tanto, incurren en un delito”, expresó.  

Vale recordar que la jueza de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil Comercial, Concursal y Familia de Villa Carlos Paz, Viviana Rodríguez, había fallado a favor del amparo sindical presentado por cinco de los ocho médicos que habían sido desvinculados por decisión del intendente, y ordenado su reinstalación “en las mismas e idénticas condiciones laborales y horarias” de cuando se produjeron los despidos.

Roberto Álvarez, Mirta Alejandra Manquilef, Miguel Olivera, María Eugenia Cordi y José Andrés Rojo Mallea, son los profesionales que fueron alcanzados por el amparo.

“La única manda judicial que existe es el fallo de la jueza. Por eso entendemos que el argumento del municipio es falaz, una chicana”, subrayó Terragno.

Desde la comisión directiva de ATE, en tanto, señalaron que denunciarán el incumpliendo y pedirán que se fijen multas a los responsables. “Esto que están haciendo tiene consecuencias civiles, a la hora del pago de multas, sino también consecuencias penales. Si Roberto Buzurro, que es el responsable de Recursos Humanos, es el que está dando la orden está incumpliendo con la orden de un juez y eso se llama desacato y tiene una pena específica, que implica hasta 30 días de prisión”, expresó Cesar Theaux, secretario de Formación del gremio.

En la misma línea, el secretario general Federico Giuliani expresó que no les sorprende la actitud del gobierno municipal, pero no deja de llamar la atención que incumplan con una orden judicial. “Tienen una forma de gobernar de impunidad”, consideró en diálogo con VillaNos Radio.

Sostuvo que tanto el responsable de recursos humanos del hospital, Rodrigo Luciano, como el responsable municipal de la misma área, Roberto Buzurro, tendrán que dar cuenta ante el Poder Judicial las razones por las que incumplen una orden judicial e incurren en un delito. ATE denunció ante la Unidad Judicial los hechos.

Una de las cuestiones que se les aclaró a lxs trabajadorxs es que deberían percibir el sueldo a fin de mes, más allá de que les impidan desempeñar su trabajo. “Desde hoy para adelante empieza a correr el salario de los compañeros y compañeras”, precisó.  

Estuvieron acompañando a los trabajadores de la salud y al gremio dirigentes como Emilio Iosa, referente de Carlos Paz Despierta, y Rodrigo Serna, candidato a defensor del Pueblo por Unión Popular.

“No merecemos este maltrato”

Alejandra Manquillef se desempeña en el laboratorio del hospital. Fue despedida el 31 de diciembre pasado y, por orden judicial, debía volver a su trabajo este jueves 3 de junio. Al no poder ingresar, la profesional expresó su bronca: “Desde el primer momento esto fue una injusticia. Estamos tranquilos porque la justicia se expidió. Estamos apoyados por un grupo de abogados de ATE que nos están acompañando y eso nos da fortaleza. Pero esto da bronca. Es un ninguneo y un maltrato que no merecemos”, expresó.

Roberto Álvarez es pediatra y otro de los despedidos que debe ser reincorporado. Ante los micrófonos de VillaNos Radio les dijo a las autoridades municipales “que se pongan a derecho”.     

“El intendente no se ha dado cuenta que estamos en democracia. Este fallo judicial es estar en estado de derecho. Si el lo desconoce, es porque desconoce el estado de derecho. Esto es una muestra más de que el intendente nos desprecia y desprecia a la salud pública”, dijo.

María Eugenia Cordi también es pediatra y durante seis años estuvo como locadora de servicios. Es también otra de las despedidas el 31 de diciembre. “Está claro que no pueden no seguir lo que establece la resolución de la jueza”, enfatizó.  

La profesional se desempeñaba en los Centros de Atención Periférica de El Fantasio y el Centro de Salud del Distrito Oeste, ubicado en barrio Colinas. En su caso, la reincorporación debería darse este jueves por la tarde lo que también le fue negado. Esto implica, en lo concreto, que el llamado “hospitalito de Colinas” no cuenta pediatras, puesto que la profesional que hasta ahora venía desempeñándose en esa dependencia, está de vacaciones.

“La sensación que tengo es de impotencia”, reconoció y remarcó: “El trato que recibimos fue humillante y genera enojo, tristeza y bronca. Pero nos sentimos muy respaldados por el gremio”.

Reclamo por ropa de trabajo para los equipos de salud

Con la firma del secretario general, Federico Giuliani, ATE Córdoba solicitó al intendente de Villa Carlos Paz, Daniel Gómez Gesteira, y a la directora del Hospital Gumercindo Sayago, Claudia Pereyra, que cumplan con la ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y suministren las dos mudas de ropa que la normativa exigen para el personal sanitario del hospital, de las CAPS y de los consultorios externos.

Además de la normativa habitual que debería estar cumpliendo el municipio, el contexto de pandemia exige que el Estado empleador suministre la ropa de trabajo adecuada para atender la enfermedad.

La nota detalla que cada trabajador y trabajadora deben recibir ambos, cofias, guantes, barbijos, máscaras, así como calzados para el sector limpieza y mantenimiento.