A poco menos de un mes del pretendido traspaso del servicio de agua a la esfera municipal (anunciado para el 26 de febrero), el gobierno de Daniel Gómez Gesteira no ha precisado de qué manera llevará adelante la prestación (no hay ninguna especificación técnica u operativa) y mucho menos ha definido qué pasará con los puestos de trabajo que hoy sostiene la COOPI.
El único intento que hicieron para resolver esto último fue plantear un proyecto de ordenanza que lisa y llanamente contradecía lo establecido por Carta Orgánica en lo referido al Régimen de Empleo Municipal, regulado en el artículo 103.
El proyecto pretendía que el Concejo de Representantes faculte al Ejecutivo a incorporar a los trabajadores de la Cooperativa Integral “afectados exclusivamente a la prestación del servicio de agua potable mediante el dictad de un acto expreso de inclusión en las previsiones contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744”.
La propuesta se discutió en la sesión del pasado jueves 21 de enero. El debate fue durísimo. Duró más de tres horas donde abundaron las descalificaciones, chicanas y los gritos de los concejales oficialistas.
El principal argumento de rechazo por parte de los concejales de los bloques minoritarios fue que el proyecto vulneraba la Carta Orgánica Municipal (COM). “El artículo 103 define taxativamente cuatro categorías de empleo municipal: personal permanente, contratado, transitorio y de gabinete. En el último párrafo este artículo le pone una sentencia a este proyecto y dice ‘queda prohibida cualquier contratación laboral fuera de este régimen, excepto los profesionales que a su solicitud podrán ser contratados por medio de locaciones de servicio’”, explicó con claridad el concejal Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente).
La concejala radical Natalia Lenci también votó en contra y entre lágrimas llamó a los representantes del oficialismo a no tratar a los trabajadores como números, sino como personas. “La incorporación de trabajadores, que es lo que el Ejecutivo manifestó en el último pleno de gobierno, es inadmisible. Desde mi banca yo defenderé a todos los trabajadores”, enfatizó.
En la defensa del proyecto, el edil oficialista Sebastián Guruceta tuvo un afirmación en la que reconoció que el estado municipal precariza. “Esta es la única oportunidad a través de la cual se les puede respetar sus derechos. Y si no se realiza de esta forma, serán abiertamente perjudicados porque van a ingresar al municipio bajo otra modalidad y sin conservar la antigüedad, los adicionales”, afirmó.
Su compañera de banca, Carla Livelli, tuvo también un lapsus que dejó en evidencia el autoritarismo de Gómez Gesteira. “Lo voy a rescatar al intendente municipal. El intendente que sin importar nada, está llevando adelante esta decisión”, dijo.
El concejal Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos), reiteró que el gobierno de CPU se ha caracterizado por “forzar interpretaciones” de la COM. Y remarcó: “Esto es una improvisación es absoluta por parte de este gobierno”.
Gustavo Molina, del Frente Capaz, hizo referencia a la reunión mantenida con las y los trabajadores de la COOPI a la que fueron invitados todos los concejales, pero solo acudieron los representantes de la oposición. “Esa masa de trabajadores solo tiene un sentimiento: pérdida, incertidumbre y desprotección. En el rol que me cabe como representantes del pueblo no puedo dejar de escuchar esas voces. Y voy a hacer lo que los trabajadores me pidieron que es no acompañar este proyecto”, dijo.
El proyecto finalmente no se aprobó.
No obstante, desde el SIPOS indicaron que esto no puede significar una habilitación a la vulneración de derechos laborales. “Decir que si no se aprueba el proyecto es culpa de los concejales de la oposición, de la Cooperativa y del sindicato, es de una perversión pocas veces vista”, consideró el secretario general Gustavo Valdez tras la última audiencia en el Ministerio de Trabajo.
La comisión, también rechazada. La propuesta del concejal Quaranta para crear una comisión de Evaluación y Gestión del servicio de agua potable, tampoco fue aprobada. El proyecto fue rechazado por el bloque de Carlos Paz Unido. “Este proyecto busca dilatar la situación a favor de la Cooperativa Integral”, dijo Guruceta.
Quaranta insistió en que la propuesta busca tener una mirada amplia sobre el problema, aunque –dada las condiciones y el cerramiento del oficialismo- dijo que esto sería “una utopía”. Reiteró que la intención no es discutir del fallo del Tribunal Superior de Justicia.
“El tribunal expresó unánimemente que dándose por finalizado el contrato y con la posibilidad de recepción por parte del municipio, correspondería y sería lo más adecuado, la intervención del Concejo para la determinación del futuro del servicio de agua”, expresó.
El proyecto solo contó con los votos de lxs concejalxs de la minoría Molina, Lenci, Quaranta, Lassaga y Ribetti.
