Oficialismo cerró filas, “blindó” a Boldrini y evitó que sea interpelado

Política - Municipal Portada

Los siete votos del oficialismo se convirtieron en una muralla para evitar que avance la interpelación al secretario de Turismo, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, en relación la supuesta estafa con empleos en la municipalidad.

El proyecto, impulsado por el edil Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) fue enviado a comisión en la sesión del último jueves lo que, en la práctica, significa un rechazo liso y llano.

Al inicio del debate, y de acuerdo al reglamento interno, se apartó la concejala Carla Livelli ya que su hermano, Germán Livelli, es el Coordinador General de Promoción y Eventos, y también se pedía su interpelación por el escándalo que ya está en la justicia.

Según se conoció, una persona que se presentó ante el municipio como integrante del ministerio del Interior de la nación, y con el aval de los funcionarios locales, contrató a unas 18 personas que comenzaron a trabajar (las primeras a fines de enero y las últimas en mayo) principalmente en dependencias de la secretaría de Turismo, Deportes y Cultura.

El tema es que nunca cobraron el sueldo prometido y comenzaron los reclamos. Y los problemas.

Por este tema el municipio informó que realizó una denuncia penal “contra una persona -que invocando ser “Secretario Administrativo del Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación”- ofrecía puestos de trabajo mediante documentación falsa previo pago de supuestos gastos administrativos y costos relacionados”.

Por otro lado, Ribetti y Carlos Augusto Agüero (uno de los damnificados) presentaron ante la fiscalía de tercer turno un pedido de investigación para determinar y deslindar responsabilidades en el grave hecho.

La discusión

“Seguramente nos tildarán de mentirosos”, ironizó Ribetti en el comienzo de su exposición, y planteó que se trata de “una posible estafa causa que han vivido 18 vecinos y que tiene como protagonistas a funcionarios de alto rango”.

Recordó que estas personas “trabajaron durante cuatro meses sin cobrar, en un supuesto convenio que jamás hemos visto pasar por este recinto”.

Aseveró que, “les pedían plata” por lo que, “hubo una apropiación patrimonial por parte de este sujeto que les prometió trabajo, y todo sucedió en el despacho del secretario de Turismo, en presencia de trabajadores del área”.

“Recibían de regalo una caja de alfajores y a partir de allí pasaban a prestar servicios en distintas áreas municipales”, graficó.

Consideró que se trata de una situación “de extrema gravedad” con el agravante que cuando estalló el problema desde el municipio “les han ofrecido ser reubicados en otras áreas desarrollando otras actividades para resarcirse”.

“Me pregunto si aparte de ser una mentira no es un encubrimiento”, dijo Ribetti y reclamó respuestas “desde la perspectiva administrativa”.

“Los funcionarios somos responsables civil y penalmente pero también administrativamente. Queremos saber qué pasó; cómo se metió esa persona en el despacho de un funcionario a repartir puestos de trabajo. Por eso queremos interpelar al secretario de Turismo y al coordinador de Promoción para que vengan a explicar estas cuestiones, que no son mentira sino la triste realidad del gobierno”, argumentó.

Gustavo Molina (Capaz) coincidió con que, “hay muchas preguntas sin responder porque han sucedido cosas gravísimas dentro de la secretaría de Turismo”.

“Es muy doloroso ver a las personas siendo usadas con la promesa de un trabajo”, cuestionó.

Luego opinó que Livelli “hizo bien en apartarse porque su hermano está involucrado en el proyecto que estamos tratando”, y recordó una iniciativa que había presentado hace tiempo para prohibir el nombramiento de parientes en el gobierno. “Si se hubiera aprobado, hoy tendríamos solo un apellido Livelli en la planta política y no dos”, indicó.

Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos), por su parte, sostuvo que la transparencia “no puede ni debe ser un discurso de campaña. Debe ser una forma de gestión”.

Por eso, pidió al gobierno de Daniel Gómez Gesteira “que deje la cuestión declarativa, y asuma con la responsabilidad que tiene una fuerte decisión política a favor de la transparencia como acción, en busca de la verdad y que rechaza toda posible práctica de corrupción”.

“Sería extraño hablar de transparencia y obstaculizar todos los pedidos de informes”, advirtió.

Indicó que, si bien se hicieron denuncias judiciales “que seguirán el camino de la justicia, nosotros debemos revisar las responsabilidades políticas de estos hechos que lesionan gravemente la imagen de nuestra ciudad.

Alguien es el responsable político de estos hechos que pueden abrir la puerta a posibles actos de corrupción, que no necesariamente deben ser económicos y que sin ninguna duda ponen en tensión el verdadero fin de la función pública”

Hablándole a los concejales oficialistas señaló que, “si no tienen nada que esconder, deben aprobar el proyecto” e insistió con que “hay responsabilidad política por acción u omisión”.

“A ningún funcionario le llamó la atención que un supuesto representante del ministerio contrate gente, le asigne puestos de trabajo dentro del municipio y no traiga un convenio donde estén plasmadas las condiciones; En cuatro meses, a nadie le pareció sospechoso que una cartera pública comprometa fondos sin firmar nada”, se preguntó

“No son novatos, hace 10 años están en la función pública. Y cuando se oculta tanto lo que sucede puertas adentro del municipio la transparencia comienza a opacarse”, concluyó.

Natalia Lenci (UCR) señaló que, “siempre he acompañado los pedidos de informes porque considero que es muy importante poder dar tranquilidad a los vecinos sobre distintos temas”.

“No tenemos la información sobre lo que sucedió. Y es importante para transparentar la gestión de gobierno y tener un acabado análisis”, acotó.

Desde el oficialismo, Mariano Melana subrayó que lo sucedido es “de una gravedad institucional enorme” y afirmó que el municipio “es uno de los perjudicados en esta causa”.

“Como será la importancia que el primero en acudir a la justicia fue la municipalidad. No se confundan algunos que creen que por hace caricaturas y subirlas a las redes sociales van a ser los paladines de la justicia”, dijo.

Precisó que como está en marcha una causa penal y rige el secreto de sumario, la información que se pide en el proyecto “debe ser aportada primero en la justicia, ya que divulgarla antes provocaría entorpecimiento de la investigación”.

“Si quieren buscar la verdad pueden presentarse ante la fiscalía para poder ser parte de la causa. Lo único que están logrando es reducir un caso de una gravedad institucional enorme a una caricatura en las redes sociales para conseguir más seguidores en Facebook”, chicaneó en alusión al video que hizo circular Carlos Paz Despierta por las redes, sintetizando desde su perspectiva lo que sucedió en el municipio.

Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente) reconoció que, si bien algún funcionario “pudo equivocarse, tantos meses de reclamos de esta gente que se presentaba a trabajar debió llamar la atención de alguien”.

“Me cabe una pregunta ¿Cuándo se hizo la denuncia? ¿Cuándo tomó conocimiento de los hechos? ¿O cuando tomó estado público?”, lanzó.

Aunque admitió que alguna información no podía brindarse porque existe una investigación judicial, intentó comprometer al oficialismo para que lo haga cuando la situación lo permita.

“Pedimos informes cuando un vehículo del municipio apareció incendiado en Córdoba, y en aquella ocasión también se nos dijo que no se nos podía brindar información porque estaba judicializado. Pasó más de un año, y no sabemos si hubo sanciones administrativas o penales.

O como el otro pedido, cuando se sustrajo un vehículo del playón de Inspectoría y apareció chocado. Tampoco nos brindaron información”, reclamó.

Ribetti volvió a hacer uso de la palabra para responderle a Melana sobre qué es lo que estaría logrando Carlos Paz Despierta con su estrategia.

“Hemos logrado poder hablar de esto, sacarlo de las sombras, del encubrimiento. No me parece poco. Lo que hemos logrado es poner en la luz una situación que los funcionarios estaban ocultando. Esos vecinos estuvieron cuatro meses pidiendo respuestas y no se la dieron. ¿Y sabe por qué? Es el tiempo que habrían necesitado para ocultar semejante error garrafal.

“Es inconcebible que esto pase y que lo encubran. Y nosotros tenemos que escuchar que somos mentirosos, exagerados. Vamos a ver dónde está la mentira en esto. Inviten a los 18 trabajadores para que les cuenten como fue este proceso. Qué les decían sus superiores. Qué le dijo Esteban Avilés cuando lo encontró a este damnificado y le respondió. ‘Ya sabemos del tema, vamos a ver qué hacemos’. No se presten a esto, no hipotequen su prestigio para tapar estas situaciones. La transparencia no se construye siendo serviles a estas estrategias”, disparó.

El último concejal en hablar sobre el tema fue Sebastián Guruceta, quien afirmó que el municipio hizo la denuncia penal “en junio, mucho antes de lo que se ha manifestado acá”. 

“Espero que cuando vean la fecha de la presentación pidan disculpas. Eso demuestra la transparencia del Estado, que puede incurrir en esta y otras circunstancias a través de cuestiones de estafadores o posibles estafadores que se quieren presentar ante el municipio con documentación apócrifa o que no corresponde”, aseveró.

Puesto a votación, el proyecto de interpelación fue enviado a comisión con los siete votos del bloque de Carlos Paz Unido que, así, impidió, una vez más, que sus funcionarios políticos vayan a dar explicaciones al Concejo de Representantes.

Fuente: La Jornada Web