A las apuradas y a los empujones, como acostumbra a hacer el gobierno de Carlos Paz Unido, se aprobó este jueves en el Concejo de Representantes un bochornoso y extorsivo modelo de convenio a firmar con las localidades del sur de Punilla que reciben agua de la planta potabilizadora de Cuesta Blanca, operada actualmente por el municipio.
La decisión fue tomada por el oficialismo en absoluta soledad y a pesar de las críticas y los argumentos expresados desde los bloques de las minorías.
El proyecto había sido ingresado hace un par de días por el intendente Daniel Gómez Gesteira y fue tratado sobre tablas. Para tomar nota del nivel de improvisación, en la reunión de labor parlamentaria que se realizó al mediodía, previo a la sesión, el bloque de CPU no pudo precisar si iban a llevarlo a votación o lo enviarían a comisión.
De hecho, quien tomó la palabra en primer lugar al momento de tratamiento fue la concejala Carina Fernández quien sostuvo que, “es necesario ir avanzando en las herramientas para garantizar la prestación del servicio” y mocionó algunos cambios en el texto que fueron aprobados por CPU.
Entre ellos que se faculta al facultar al intendente “a ejecutar los actos jurídicos o administrativos necesarios tendientes a la efectiva distribución interna del servicio dentro de cada ejido”; la eliminación de la cláusula cuarta en la que el municipio se desentendía del personal necesario para la prestación del servicio en cada localidad; y la incorporación del costo del agua en bloque como alternativa a la Tasa por Servicio de Agua a la hora de fijar el precio de la prestación.
El convenio deja en claro que es el municipio de Villa Carlos Paz quien determina unilateralmente, y amparado en el monopolio de la operación de la planta de Cuesta Blanca, las condiciones de estos convenios.
Aunque fue duramente criticado, el oficialismo mantuvo la posibilidad de decidir, comunicándola con 30 días de anticipación, rescindir los convenios sin expresión de causa y dejar de proveer agua.
También podría dejar de abastecer agua a la localidad que se atrase 15 días en el pago del monto convenido, amén de aplicar intereses sobre las eventuales deudas. Cabe recordar que, hasta el momento, es la COOPI quien presta directamente el servicio en Cuesta Blanca, Mayu Sumaj y San Antonio; mientras que a la cooperativa de Icho Cruz le vende agua por bloque.
Qué dijeron lxs concejalxs
Gustavo Molina (Capaz) dijo asistir “a un proceso de improvisación extremo” para el tratamiento de una ordenanza de estas características, que implica convenios con otros municipios y comunas e involucra un servicio esencial como es el agua.
“Lo estamos tratando sobre tablas, sin expediente, sin valores mínimos, a las apuradas y ofreciendo cambios de ultimísimo momento. Es bochornoso, de mínima debiera ser tratado en comisión e invitar a los representantes de los otros municipios y comunas. Parece más una acción propia del encono al que nos tiene acostumbrados Esteban Avilés y su brazo autoritario Gómez Gesteira que a una política regional”, expresó.
Desde el bloque de Carlos Paz Inteligente, Carlos Quaranta afirmó que el convenio propuesto “se parece más a un contrato por adhesión para la compra de un auto, donde si te parece bien firmás, y sino o te vas”, que a una herramienta para garantizar el servicio de agua potable para varios municipios y comunas.
Hizo referencia a una resolución del Ersep (Ente Regulador de Servicios Públicos) donde se exhortaba al municipio de Villa Carlos Paz “a extremar los recaudos y las diligencias necesarias para garantizar la correcta prestación”.
“El Ersep, con criterio adecuado, resalta la responsabilidad del municipio de garantizar la prestación en todo el sistema vinculado a la planta de Cuesta Blanca.
Este convenio impone condiciones amparándose en una posición monopólica nada menos que en el servicio de agua solo por tener la planta.
El agua no es del municipio”, alertó. Y opinó que el hecho de que “sin causa algún día se decida no prestar más” el servicio en alguna localidad “es absurdo, impropio, y casi canallesco”.
Además indicó que para fijar el precio “es necesaria e inevitable la participación del Ersep”.
“Es abusivo el uso de esta posición dominante para establecer que a quien se atrase, se le cobran intereses, se le rescinde el convenio o no se le da más agua potable.
¿Realmente es voluntad manejarlo como un negocio privado?”, se preguntó. E insistió: “Rechazamos absolutamente este modelo monopólico y abusivo, aprovechándose de una posición dominante a menos de una semana de haber asumido el servicio.
Parece una nueva unidad de negocios, olvidando que se trata del agua potable que nutre al sur de Punilla”.
Como siempre, el encargado de explicitar la postura del oficialismo fue Sebastián Guruceta.
Deseoso de hacer parecer que los argumentos eran sólidos, Guruceta se lanzó a una larga intervención, donde repetía conceptos en loop haciendo cada vez más confuso su entendimiento.
Para no perder la costumbre, elevó la voz y usó la mayor parte del tiempo para atacar a la COOPI, sin ofrecer ninguna explicación a los cuestionamientos formulados al proyecto.
Resaltó que los convenios vienen a “blanquear situaciones que corresponden”, y habló de acuerdos “turbios” y situaciones “en penumbras” durante los años previos entre la COOPI y las diferentes localidades donde se presta el servicio.
Quizá el tramo de su alocución más importante haya sido cuando introdujo en la discusión el tema del Centro Ambiental de Villa Carlos Paz donde diferentes localidades llevan sus residuos; y la posibilidad de que se sumen a la red cloacal para el tratamiento de los líquidos en la planta de Costa Azul.
También afirmó que el municipio de Villa Carlos Paz “paga” por el espacio público donde se encuentra el acueducto que atraviesa la región y que “tiene que haber contraprestación y acuerdo por parte d ellos municipios y comunas”.
Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) atribuyó la redacción del proyecto lisa y llanamente a un “trastorno de la conducta llamado megalomanía”.
“Está impregnado de una idea de grandeza y poder que excede las posibilidades del municipio.
No es razonable, desde ningún punto de vista”, dijo. Y les habló a sus pares del oficialismo: “Me sorprende que ninguno se dé cuenta que es una locura lo que se está planteando”.
Por ejemplo, que en 30 días se pueda decidir no prestar más el servicio en alguna localidad.
Volvió sobre los dichos de Guruceta en relación al Centro Ambiental y la planta de cloacas, interpretando que eso, “desenmascara la trama de este convenio”.
“Quien no participe de estos convenios tendrá dificultades en esos temas. Eso quedó expresado tácitamente. Las comunas están en una situación de indefensión absoluta.
Es una actitud extorsiva. ¿Qué pueden hacer? ¿No firmar? ¿Objetar algo? Si lo hacen ¿podrán seguir llevando residuos a la planta”, señaló.
Planteó que la propuesta tiene una impronta “autoritaria e inverosímil”, y calificó de “insostenible” decir que se puede cortar el agua porque una localidad tuvo un problema financiero y se atrasó.
Natalia Lenci (UCR) tuvo una breve intervención para mocionar que se quitara del texto la posibilidad de dejar sin abastecimiento de agua por falta de pago, pero no tuvo acompañamiento.
Sobre el final, el oficialista Mariano Melana cargó contra los ediles que se opusieron al proyecto, y los comparó con los cipayos, aquella fuerza de elite que operó en la India a principios de 1800, y que estaba integrada por nativos reclutados por el Imperio Británico.
“Un caso inentendible de alguien que por un sueldo defiende los intereses de los saqueadores”, dijo.
Asimismo, cuestionó que “quienes han jurado defender la Carta Orgánica han resuelto defender otros intereses”, y destacó que el pasado viernes el municipio “logró recuperar un servicio usurpado por más de 10 años”.
Puesto a votación, el proyecto fue aprobado con los siete votos del bloque de Carlos Paz Unido.
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