“No se le puede cargar a los trabajadores la responsabilidad de que la ordenanza se apruebe”, dijeron desde el SIPOS

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En una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) reiteró el pedido de que ese organismo provincial intime al municipio de Villa Carlos Paz a que cese en las acciones de traspaso del servicio de agua hasta tanto se resuelva la situación de lxs trabajadorxs.

En este sentido, desde el gremio calificaron de “desleal” y “extorsiva” la carta firmada por el intendente Daniel Gómez Gesteira que recibieron lxs trabajadorxs a quienes se le advierte que en caso de que no se apruebe la ordenanza impulsada desde el Ejecutivo, la modalidad de contratación será la misma que rige para el resto de lxs trabajadores municipales. Es decir: en absoluta precarización.

“Decir que si no se aprueba el proyecto es culpa de los concejales de la oposición, de la Cooperativa y del sindicato, es de una perversión pocas veces vista”, dijo Gustavo Valdéz, secretario general del SIPOS, al término de la audiencia.

Además señaló que el proyecto de ordenanza que impulsa Carlos Paz Unido no se puede aprobar porque violenta lo establecido por Carta Orgánica en lo referido a las formas de empleo público municipal.

“No puede aprobar una ordenanza de esa manera. Si no, que la aprueben con los votos del oficialismo y listo. Pero no se animan a hacerlo porque es tan ilegal a ordenanza que quieren abrazar a tres o cuatro concejales de la oposición para no asumir solos el costo político de sancionar una ordenanza que es violatoria de la Carta Orgánica”, expresó.

En este sentido, indicó que el municipio ha demostrado que “no tienen ningún intención de tomar a los trabajadores de la Cooperativa”.

Y remarcó: “Van a tener que seguir buscando porque seguiremos pidiendo que presente un instrumento legal que si permita absorber a los trabajadores, si es lo que quieren hacer”.

Al igual que en las anteriores audiencias, en representación del municipio acudieron los abogados Darío Pérez y Marcelo Di Pietro. En representación de la COOPI estuvieron el gerente general Rodolfo Frizza y el asesor letrado Juan Carlos Antonino.

En este sentido, Frizza sostuvo fue una pérdida de tiempo puesto que allí solo se entregó documentación solicitada por la municipalidad referida a los sueldos y el organigrama de la COOPI. “Vinimos a reafirmar lo que venimos diciendo: que no hay razones para que la COOPI deje de prestar el servicio de agua. La validación de un decreto no los exime de pensar en las consecuencias atroces que producirán ara al ciudad y la región”, dijo.

También calificó de “perversa” la nota dirigida a lxs trabajadorxs.

En la descripción sobre lo sucedido en la audiencia Frizza reparó en una definición que dio el abogado Pérez sobre las razones por las que el gobierno emprende este ataque a la COOPI: dijo que la cooperativa se ha convertido “es un factor de poder”.

“Dijo que hemos desnaturalizado a la cooperativa, que se ha convertido en un factor de poder a lo largo y ancho de toda la provincia y que hay que sacarle el recurso fundamental para que no lo siga siendo. Ello no ven que los servicios que tenemos son para mejorarles la calidad de vida a los vecinos. Que nos preocupamos por la gente que no tiene teléfono, que no tiene educación, que no tiene salud, que no llegan otras voces y por eso tenemos una radio que se dedica a difundir una voz alternativa. Para ellos, todo eso es un desafío a su propio poder”, expresó.