López: “Hay una connivencia entre un sector del Poder Judicial y un sector de los grupos económicos”

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El Poder Ejecutivo Nacional y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) interpusieron un recurso extraordinario federal “en queja” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se avoque al análisis de la medida cautelar que favoreció a la empresa Telecom con la suspensión parcial del decreto 690/20.

Vale recordar que ese decreto determinó el carácter de servicios públicos esenciales en competencia a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable. En diciembre último, el ENACOM, en cumplimiento del decreto, emitió dos resoluciones: la creación de la prestación básica universal para los grupos socioeconómicos vulnerables, y el descongelamiento de los precios de los servicios con un incremento de 5% para el primer mes del 2021.

El 30 de abril pasado, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió, por mayoría, admitir el recurso judicial interpuesto por Telecom. En esa resolución, la cámara dispuso como medida precautoria la suspensión de varios de los artículos del DNU 690/20 y de las Resoluciones ENACOM 1466/20, 1467/20 y 204/21, y su consiguiente inaplicabilidad con relación a la firma accionante por el plazo de seis meses.

“El decreto de necesidad y urgencia fue avalado por el Congreso de la Nación. Tiene plena vigencia, porque ningún juez en el país lo declaró inconstitucional. Aun así, decidieron suspender su aplicación. Es decir, una sala integrada por 3 jueces, en voto dividido (2 a 1) decidió suspender la aplicación del decreto.

“Lo primero que uno se pregunta es: ¿por qué algo que está vigente, que es legal, que está ratificado por el Congreso y que es una decisión política del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, puede el poder judicial suspenderla? Se suspende sin ninguna otra justificación más que mientras se discute la legalidad de la norma, por 6 meses no se aplica”, dijo Gustavo López, vicepresidente del ENACOM en diálogo con VillaNos Radio.

El funcionario recordó que inicialmente se presentó un recurso extraordinario ante la Corte, que fue rechazado y por eso presentaron otro recurso “en queja”.

“Los grupos privados van a la Justicia y consiguen una medida cautelar. A nosotros, que nos parece una decisión arbitraria, disparatada, injustificada, vamos a la Corte para que resuelva y nos niegan el recurso extraordinario”, se quejó y precisó que el hecho de que el recurso vaya “en queja” implica un procedimiento más largo y más lento.

“Seguramente por algunos meses los usuarios, que son los verdaderos perjudicados en todo esto, van a tener que pagar lo que las empresas quieran. Lo que denunciamos es una connivencia entre un sector del poder judicial con un sector de los grupos económicos”, expresó.

En este sentido afirmó que lxs principales afectadxs son lxs 45 millones de habitantes del país. “Hay 9 millones de hogares conectados con internet sobre 13 millones de hogares. Pero además hay 55 millones de aparatos de celulares contra 45 millones de habitantes. ¿Qué significa esto? Que cada casa tiene un celular, porque es la herramienta elemental y fundamental de comunicación.

“Sin embargo, en lugar de precios regulados la Justicia les termina diciendo que van a pagar lo que las empresas quieren que paguen. Frente a este disparate, no nos queda otro remedio que ir en queja a la Corte por recurso denegado. Obviamente, estamos intentando por otras vías otras medidas judiciales para que se aplique el decreto”, indicó.

López también hizo referencia a un informe difundido en estos días por el ENACOM y que da cuenta del crecimiento de la conectividad.

“Las empresas aducen que la regulación del precio y el congelamiento de precio definido el año pasado les ha traído perjuicios. Pero la conexión de internet en hogares creció casi en 1 millón de personas. Más de 900 mil hogares se conectaron respecto de los que había antes. Además, la velocidad de bajada casi se duplicó: de 23 a 43 megabytes por segundo. Entonces, tenemos más gente conectada, tenemos mayor velocidad, hay mayor demanda, las empresas siguen ganando dinero, porque uno ve los balances de Clarín y tiene un ingreso superior de 150 % superior en 2021 que, en 2020, y esto fue con precios regulados, y ahora vienen 2 jueces y dicen que van a pagar lo que las empresas quieren”, expresó.

En este sentido el dirigente hizo referencia a la necesidad de una reforma judicial.

“Cuando uno habla la necesidad de la reforma del poder judicial, los sectores de la derecha te atacan diciendo ‘quieren llevarse puesta la república’. Nosotros queremos que haya un sistema judicial eficiente, rápido, que mida con la misma vara los intereses de los usuarios con los de las empresas.

“La mayoría de los países del mundo tienen lo que se denominan tribunales constitucionales. Esto es, no tenemos que esperar 4 años para saber si una norma emanada del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo es constitucional o no, como sucedió con la ley de Medios. Hubo que esperar hasta el 2013 para que la Corte diga que es constitucional. Y en el medio pasa un gobierno entero.

“Una de las reformas centrales que hay que hacer es tener un tribunal constitucional, que en 30 días dictamine si una norma es aplicable o no. Que no se pueda suspender sin tiempo una norma. Ahora la suspendieron 6 meses. Y después, y aunque la ley diga lo contrario, la van a suspender 6 meses más.  Ahora, usted me pregunta cómo está el decreto, le digo que plenamente vigente. Pero pasa que a 5 empresas no se le aplica. ¿Por qué? Porque hay 2 jueces que decidieron que hay 23 o 24 millones de usuarios perjudicados porque van a pagar lo que las empresas quieran”.