#JusticiaPorLuana fue uno de los mensajes que más resonó en la provincia de Córdoba el pasado viernes 21 de enero, al conocerse que Luana Ludueña, la joven bombera que denunció por abuso sexual al exdirector de Defensa Civil de la Provincia, Diego Concha, decidió quitarse la vida.
Tenía 26 años y actualmente formaba parte del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Pilar (Córdoba). Tenía a su cargo un perro de búsqueda y rescate reconocido a nivel nacional por el Ministerio de Seguridad.
Desde el entorno de la joven afirman que llegó a esta drástica decisión producto de la depresión en la que quedó inmersa tras ser atacada sexualmente. En diálogo con VillaNos Radio, Ruth Ahremburg -psicóloga y fundadora de la Fundación Con Voz- sostuvo que en la muerte de Luana existe una evidente responsabilidad del Estado.
“El agresor era una persona ligada al Estado, incluso destacado como héroe, muy ligada al poder político de turno. Él utilizó ese poder para obtener impunidad”, dijo y caracterizó a Concha como una persona con una impronta “altamente abusiva y perversa”.
“Desde que Luana hizo la denuncia, su vida fue un tormento por las agresiones y amenazas. La responsabilidad del Estado no es solo hacer justicia, sino también proteger a las víctimas. En este caso no lo hicieron porque ya venía advirtiendo sobre las amenazas que recibía por parte de un bombero que obviamente era emisario de Concha, amigo de sus hijos. Había pedido ayuda y esa ayuda no llegó a tiempo”, expresó.
Y remarcó: “Este no es un hecho aislado. Lo más duro es el alto costo que tuvo la valentía de Luana a denunciar a su agresor. Esto tiene un alto costo, porque desalienta a otras personas a denunciar”.
La joven denunció que fue abusada sexualmente por el ex director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba el pasado domingo 14 de noviembre, día de las elecciones legislativas. Radicó la denuncia en el Polo de la Mujer cuando se enteró que lo detuvieron tras la acusación de su exesposa por violencia de género.
Diego Concha se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer desde noviembre pasado. Se desempeñaba como director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba. Dejó su cargo días antes de ser arrestado. Por la denuncia que presentó su expareja fue imputado por lesiones calificadas, amenazas reiteradas, amenazas calificadas reiteradas por uso de arma de fuego y coacción.
La fundación Con Voz trabaja en la prevención, tratamiento e investigación de la violencia machista. En este sentido, Ahremburg señaló que en este caso existió un “abuso de poder institucional y personal que fue crónico e impune”
“De ninguna manera es un hecho aislado”, aseguró y citando datos de la organización Mumalá, indicó que apenas el 44% de las denuncias por abuso llegan a una instancia judicial. “Los expedientes no solo quedan quietos, sino que se genera un proceso de hostigamiento a las víctimas. Esto es altamente desalentador”, afirmó.
Considerando su experiencia profesional, la psicóloga indicó que atravesar una situación de abuso modifica la vida. “Las sobrevivientes de intentos de femicidio tienen una situación muy invisibilizada, por lo menos por los medios. El agresor muchas veces sigue libre, acosando, amedrentando y hostigando. A veces tienen que cambiarse de casa. Por las secuelas, a veces pierden su trabajo o tienen que cambiar a los chicos de colegio. La familia se agota en ese acompañamiento, porque no puede comprender completamente este proceso”, indicó.
En este sentido insistió en que el Estado tiene la obligación de hacer justicia, proteger y reparar. “Que la mujer tenga un botón antipánico no le significa nada. No se puede depositar toda la responsabilidad en la mujer y cómo se cuida”.
Además, señaló que existe un repudio social a los mensajes de descrédito a la denuncia de una persona que ha sido víctima de un abuso. “Es un trabajo de organizaciones e instituciones. Con la ley de Educación Sexual Integral se puede llegar a un camino de transformaciones muy importante. Y acá volvemos a la responsabilidad del Estado: las escuelas tienen que implementar la ley”.
Sostuvo que al conocer una denuncia de abuso “el primer paso es creerle a la víctima”.
“No somos detectives. Si una persona nos revela su abuso, hay que creerle. Desde ahí ver cuál es la estrategia para acompañar según la fortaleza y los recursos que tenga. Si el agresor está próximo, como es un delito sí amerita la denuncia, buscar que se distancie del agresor. Acompañar en el proceso, advirtiendo que será lento y difícil. Difícilmente las expectativas que uno tenga de resolución pronta sean viables. Pero hay que apostar a la justicia acompañando y derivar a los espacios especializados, porque es una problemática muy sensible y compleja que amerita un acompañamiento profesional”.
Pedido de cambio de carátula
El abogado querellante, Carlos Nayi, señaló que, tras la muerte de la joven, solicitó al fiscal Jorgelina Gómez, el cambio de carátula para que Concha sea imputado por homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado (por haberlo cometido en ocasión de sus funciones y en un contexto de violencia de género).
Y el antecedente jurídico clave que sustenta esa posibilidad es el fallo que en julio del año pasado emitió la Cámara Tercera del Crimen que condenó a prisión perpetua al pastor evangélico Walter Insaurralde por abusar sexualmente de su hija, Sathya, durante seis años, mientras la menor tenía entre 8 y 14 años.
En mayo de 2017 la joven pudo contar lo que le ocurría y hacer la denuncia en el Polo de la Mujer. En 2020 decidió quitarse la vida. Tenía 19 años. Las razones que la empujaron hacia ese final estaban directamente relacionadas con los ataques sexuales que había recibido por parte de su progenitor.
Insaurralde fue condena a prisión perpetua por ser “autor penalmente responsable de homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y la convivencia preexistente, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores de 18 años, doblemente agravado por el vínculo y por el medio intimidatorio”.
El fallo fue histórico porque es la primera vez que se responsabiliza a un violador por el suicidio de su víctima.
