La justicia ratificó la suspensión del traspaso del agua y sostuvo la audiencia del lunes

La Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación denegó este jueves el pedido realizado por el municipio de Villa Carlos Paz para que se deje sin efecto el amparo presentado por asociadxs y asociadxs-trabajadorxs de la COOPI. De esta manera, confirmó la suspensión del traspaso del agua establecido por decreto para este viernes 26 y ratificó la audiencia convocada para el próximo lunes 1 de marzo.

El martes se dio a conocer la decisión de hacer lugar “parcialmente y de manera excepcionalísima” al amparo y dictar una medida cautelar que frenó el traspaso del servicio de agua al municipio.

“La trascendencia institucional que significa el cambio de ‘prestador’ de un servicio público esencial, como es el de provisión de agua potable para la Municipalidad de Villa Carlos Paz, que involucra un derecho humano fundamental al agua, que venía siendo gestionado por una Cooperativa durante más de cincuenta y siete (57) años, debe ser ejemplo de juridicidad y de buena administración, a la vez de garantizar la defensa de los derechos comprometidos por las partes de ese procedimiento, que tiene instancias administrativas, pero que también tiene instancias judiciales que deben ser cumplidas, ante los tribunales a impulso de los interesados”, se lee en los fundamentos de la resolución.

A pesar de que está firme el amparo y la cautelar, el municipio trató de sostener el cronograma establecido y pidió que “se deje sin efecto la medida cautelar y, subsidiariamente, se adelante la audiencia”, a través de los asesores letrados Darío Pérez y Marcelo Di Pietro.

Finalmente, la Cámara determinó el rechazo a la presentación municipal y sostuvo que “las postulaciones propuestas por los apoderados de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, con base en las actuaciones cumplidas en procesos judiciales cuyos sujetos procesales y objeto de la acción son diferentes al que es objeto de intervención de esta Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación, no aparece, al menos en el estadio actual de desarrollo de esta acción de amparo, que pueda dar lugar a interferencias recíprocas entre las intervenciones de cada tribunal  en procesos autónomos e independientes”.

Así, descartó que la resolución emitida por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación que desestimó una presentación realizada por la COOPI para que se suspendan los efectos del decreto, interfiera en esta instancia judicial.

“Es ineludible efectuar una categórica distinción entre la fuerza vinculante de la cosa juzgada judicial que emerge de un pronunciamiento firme, de la posibilidad de fiscalización judicial de los ‘actos ejecutorios de una sentencia firme’ de la cual deben ser su claro, categórico y genuino reflejo, cuando tales actos ejecutorios tienen la potencialidad de afectar reflejo, cuando tales actos ejecutorios tienen la potencialidad de afectar derechos subjetivos de las personas interesadas en pedir su fiscalización judicial, que no han sido parte en otros procesos y defienden un derecho propio”, expresa la resolución en sus considerandos.

En esa línea, lxs amparistas María Elena Marconi y Gustavo Franceschini junto al abogado patrocinante, Julio César Martínez, brindaron una conferencia de prensa y advirtieron que el municipio estaba “impedido legalmente para ejecutar el traspaso del agua este viernes”.

“El amparo impugna el acto administrativo dispuesto por el ejecutivo municipal”, expresó Martínez sobre el Decreto N° 534/2020 y sostuvo que “la acción violenta derechos y garantitas constitucionales a la defensa”, ya que “ni siquiera el tribunal tuvo la posibilidad de ejercer el derecho de control de actos que deberían ser públicos”.

Por eso, “se pide la nulidad absoluta del decreto y que la municipalidad cumplimente, como indica la norma y la constitución, un nuevo acto y lleve a cabo con la posibilidad de contralor de las partes ese proceso de ejecución del servicio”, agregó.

“El municipio ha salido a mezclar los tantos, a confundir, a seguir metiendo angustia y temor a los socios, trabajadores y toda la comunidad. No están en condición alguna de hacerlo”, advirtió sobre la posibilidad de que el municipio intentara avanzar con la toma del servicio desconociendo la resolución judicial.

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