Justicia por Blas y por todxs lxs pibxs

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Masiva. Silenciosa. Triste. Así fue la marcha convocada por la familia de Blas Correas al cumplirse un año de su asesinato a manos de la policía de la provincia de Córdoba, el pasado viernes 06 de agosto.

Una enorme barredora con la frase “Justicia por Blas” encabezaba la movilización que partió de la céntrica esquina de Colón y General Paz. Familiares y amigxs sostenían el cartel, quebradxs por el dolor, pero decididxs a reclamar por el esclarecimiento de su crimen.

Tenían remeras negras con letras blancas que decía “Todos somos Blas” y la imagen de un vidrio roto por un disparo, dibujada en el medio del pecho. Simbólica representación de una herida colectiva que duele, profundamente.

“El silencio con el que caminamos es el idioma que habló este gobierno durante un año. A lo mejor, hablando en el mismo idioma, nos dan de una vez por todas, una respuesta. En ese auto iban cinco víctimas, que están acá conmigo. Les tienen que dar respuestas, no solo a mi sino a ellos cuatro porque les cagaron la vida. Voy a luchar hasta que me muera para que den respuestas y para que cambie algo de la mierda en la que estamos viviendo”, dijo Soledad Laciar, mamá de Blas, al término de la movilización.

El nombre de Blas se convirtió en un grito colectivo de justicia, no sólo por él sino por todxs lxs pibxs víctimas de la violencia policial. Así, familiares de otrxs jóvenes asesinados llevaron sus carteles para darle visibilidad a sus demandas.

Tal es el caso de la familia de Joaquín Paredes (15), asesinado en Paso Viejo (Cruz del Eje) el 25 de octubre de 2020. Enzo Ricardo Alvarado (28), Maykel Mercedes López (24), Iván Alexis Luna (25), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) y el sargento Jorge Luis Gómez (33) son los policias involucrados en el crimen de Joaquín. “Hoy somos la voz de los pibes asesinados por la policía. Queremos que paguen los que tienen que pagar. En la causa de Joaquín son cinco los policías asesinos y tres de ellos están en libertad”, dijo a VillaNos Radio Maribel Paredes, tía de Joaquín.

Familiares de Franco Amaya, asesinado en Villa Carlos Paz el 22 de febrero de 2017, también marcharon bajo el mismo reclamo. Vale decir que, tras conocerse la ratificación de la condena a 12 de años de prisión para el policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos (autor del disparo), la familia presentó un recurso extraordinario ante del Tribunal Superior de Justicia con la intención de que se revise esa condena.

Yohana Ávila, portaba en sus manos la imagen de su hermano José (35), un vendedor ambulante que el 4 de julio de 2020 fue asesinado por los policías Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez, de la División de Motocicletas de la Comisaría 18 de barrio Villa El Libertador. “Estamos por el mismo reclamo: basta de gatillo fácil y que los policías cumplan las condenas que les correspondan”, expresó la mujer al tiempo que detalló que la causa ya fue elevada a juicio. “Espero que haya un cambio. Hay muchos chicos de los cuales no se conocen los casos. Pedimos justicia por todos”, añadió.

Mismo planteo hizo Marina, suegra de Lautaro Guzmán (23), quien falleció en Colonia Caroya junto a su amigo Agustín Barrios (20) tras ser perseguidos por una moto que manejaba el oficial Juan Pablo Cano. Después de varias cuadras de persecución, los jóvenes cruzaron un semáforo en rojo y fueron impactados por otro automóvil. “Que la policía no les dé miedo a los chicos, sino más seguridad. Pedimos que nuestros hijos puedan salir y volver sanos y salvos a casa. Que no hay más familias pasando por el dolor que estamos viviendo”, dijo.

Viviana Alegre, la mamá de Facundo Rivera Alegre, también se hizo presente en la movilización, exigiendo el fin de la impunidad. Vale recordar que Facundo está desaparecidos desde el 19 de febrero de 2012. Este mes se cumplieron seis años de un juicio que no permitió dilucidar qué pasó con “el rubio del Pasaje” ni mucho menos determinar los verdaderos responsables de su desaparición.

“Se hizo el juicio y el fiscal (Gustavo) Dalma dijo que el delito ya se juzgó como crimen común, pero nunca apareció nada de Facu. De modo que estar desaparecido parece que no es delito. A la mamá de Blas Schiaretti no la recibió. En su momento le pedí cuatro audiencias a De la Sota y no me recibió. Se lavan las manos”, expresó Viviana y remarcó. “Lo mismo seguimos buscando que se esclarezca qué paso con Facu”.

Un grito colectivo contra la impunidad

La movilización significó un grito colectivo contra la impunidad. De hecho, hubo un momento muy simbólico durante la marcha donde la mamá de Blas invitó a otros familiares a ponerse delante de la barredora dando cuenta así de la cantidad de victimas que estaban marchando exigiendo lo mismo: JUSTICIA.

Luis Castana, padre de Andrea, también marchó exigiendo el esclarecimiento del femicidio de su hija ocurrido en marzo de 2015 en el Cerro de la Cruz de Villa Carlos Paz. “Vengo a apoyar a Soledad, por desgracia, por el mismo motivo. Esperamos que alguien se digne a dar explicaciones. Hoy hay mucha gente marchando, pero nadie responde. Es una indiferencia y una falta de sensibilidad que da asco. En mi caso hay pruebas contundentes y no pasa nada”, expresó.

Además, estableció un parangón entre lo sucedido con Blas y con Andrea en torno a cómo se manipuló la escena del crimen. “Embarraron a Blas metiéndole un arma que no tenía nada que ver. Destruyeron la escena del crimen de la muerte de mi hija. Fue la misma policía que tenía en custodia el lugar”, dijo Luis y remarcó: “Pareciera que a nadie le importa: ni al gobernador ni al ministro de Justicia, ni al fiscal general de la provincia. Nadie da la cara”.   

La familia de Cecilia Basaldúa también participó de la movilización. Su tía Mabel recordó que la joven de 35 años había llegado a Capilla del Monte con la intención de escribir un libro. “Ella era viajera. Había viajado por toda América y vino a Capilla a escribir un libro sobre sus cosas. En plena pandemia, ella estaba ahí y no encontraba lugar donde quedarse”, repasó la mujer y recordó que de esa manera llegó a la casa de Mario Mainardi, la persona a la que la familia señala como el principal responsable de la desaparición y femicidio de Cecilia.

En este sentido, Mabel dirigió fuerte críticas hacia la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, responsable de la investigación de instrucción, que ha decidido mantener la imputación a Lucas Bustos, sindicado como el responsable del crimen. “Lo tiene preso y supuestamente es un perejil. Pero mi hermano dice que el último que la ve es Mainardi y a él no lo investigan”, dijo e hizo hincapié, además, en la complicidad de la policía de Capilla del Monte.

“La policía siempre está involucrada y los tapan. Nosotros queremos que se haga justicia por Cecilia y por todas las pibas que aparecen muertas. Y siempre esta la policía metida. Supuestamente son las personas que nos tienen que cuidar y no lo hacen. Tienen una impunidad tremenda”, afirmó.

¿Qué pasó con Blas?

Blas tenía 17 años y cursaba el sexto año en el colegio San José. Había salido con sus amigxs a un bar de los habilitados en Córdoba durante la cuarentena. Lxs cinco jóvenes iban en un Fiat Argo cuando, al pasar por un control policial sin detenerse, los policías Javier Alarcón (31) y Lucas Gómez (35) comenzaron a disparar. Una de las balas atravesó la luneta trasera y le dio en la espalda a Valentino Blas Correas que quedó gravemente herido. Inmediatamente lxs jóvenes buscaron auxilio y acudieron a la clínica Aconcagua, donde se le negó atención médica.

Blas murió en los brazos de sus amigxs.

Ocurrido el crimen, la policía intentó instalar la versión de que hubo un tiroteo y “plantó” un arma en el auto donde en el que venían lxs jóvenes. La agente de menor rango, Wanda Esquivel, confesó –días más tarde- que “a instancias de uno de los otros dos imputados” puso un arma calibre 22 dentro del auto. Se trata de un revólver inservible, no operativo y que no contaba con el percutor. Su compañera, la oficial principal Yamila Martínez, también fue imputada por omisión de los deberes de funcionario público.

A comienzos de junio, el fiscal José Mana dio por concluida la investigación y elevó a juicio el expediente. Si bien había expectativa en la continuidad de las actuaciones, sobre todo en función de determinar más responsabilidades, lo relevante es que el funcionario determinó que el caso encuadra en lo que se conoce como “violencia institucional”, y que es necesario “generar un cambio estructural en la Policía de la Provincia de Córdoba”.

En la investigación principal hay 13 policías imputadxs de distintos delitos, de los cuales ocho están detenidos. De manera paralela se investiga lo ocurrido esa madrugada en la clínica Aconcagua, donde se le negó atención médica al joven baleado. Tres empleados del centro de salud también están imputados. Como la elevación a juicio fue objetada por algunos abogados defensores, el juicio oral y público -estiman fuentes cercanas al caso- se desarrollaría recién el año próximo.