Luego de casi 9 años y varios recursos interpuestos por el ex Secretario de Ambiente Raúl Costa, la causa tramitada a partir de la denuncia formulada en octubre de 2012 por el doctor Juan Carlos Ferrero -vicepresidente de ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio- está entrando en su etapa más importante: la del juicio.
Así lo dispuso la Cámara 10 del Crimen, a través de su Sala Colegiada integrada por Mario Walter Centeno, Juan José Rojas Moresi y Rodolfo Eduardo Cabanillas.
Costa y otro ex secretario, Federico Bocco, fueron denunciados por la presunta comisión de los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, a raíz de las autorizaciones otorgadas a emprendimientos inmobiliarios de la empresa GAMA SA y a la planta de EPEC “Estación Carlos Paz Sur”, en San Antonio de Arredondo. Como Bocco falleció en 2019, la acción penal prosigue sólo contra Costa.
“Desde que fue creado en 2004 el Fuero Penal Económico y Anticorrupción, para investigar exclusivamente las conductas de los funcionarios públicos, pocas han sido las causas que llegaron a juicio, por lo que estamos ante un importante precedente judicial. El grave deterioro ambiental que padecemos no se hubiera producido si los encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes lo hubieran hecho. Sin duda, la sociedad también debe comportarse razonablemente, sin consentir la impunidad. Parte de esa responsabilidad social tiene que ver con no permitir que los funcionarios de turno incumplan la legislación vigente en desmedro de la biodiversidad y la calidad de vida de las personas”, señalaron desde la ADARSA a través de un comunicado.
Marcela Fernández, abogada especialista en temáticas ambientales y representante de la ONG, destacó no sólo la elevación a juicio sino también que, durante el proceso judicial, se haya admitido a Juan Carlos Ferrero como querellante. “Eso permitió sentar jurisprudencia en la justicia penal para que particular que se siente ofendido por el delito pueda representar un interés colectivo, que en este caso es la legalidad de la administración pública”, explicó la profesional en diálogo con VillaNos Radio.
Al tratarse de un delito complejo, el juicio será con jurados populares. “Es la primera vez que llega un secretario de ambiente al banquillo de los acusados. Recibimos muy bien la noticia y estamos todos expectantes”, dijo Fernández y estimó que el juicio podría comenzar a fines de este año.
“Uno tiene esperanza que con estas señales de justicia y de que no haya impunidad”, subrayó la abogada.
Costa fue el titular de la secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba durante el período 2007-2011, en el primer mandato del gobernador Juan Schiaretti. Hasta el año pasado se desempeñó como vicepresidente de la Lotería de Córdoba y actualmente es síndico de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, del gobierno provincial.
De ser hallado culpable, la pena que podría recaer sobre el funcionario es de uno a tres años de prisión y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos. “Es un delito excarcelable. Lo más probable es que no quede preso”, aclaró Fernández.
Autovía de Punilla
El 24 de agosto pasado se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 192 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia otorgando la LICENCIA AMBIENTAL al proyecto de Autovía “Alternativa a la Ruta 38”, tramo San Roque-Molinari.
Dicho proyecto fue tratado por la ciudadanía en una audiencia pública virtual que se desarrolló entre abril y mayo del corriente año, expresándose el 90% de lxs oradores en contra de esta alternativa destructiva del ambiente.
“La variable propuesta atraviesa cinco áreas de Reservas y zonas de Bosque Nativo con categorías de conservación roja y amarilla según la ley; no obstante ello, el EsIA (Estudio sobre el Impacto Ambiental) minimiza el impacto negativo que el proyecto implica en dichas áreas, además de lucir incompleto ya que no analiza el impacto urbanístico y socioeconómico ni en las cuencas a causa de la construcción de 22 puentes, tampoco el impacto en el patrimonio arqueológico y paleontológico del mismo, ni el contexto de crisis climática que atraviesa el planeta.
“Ante ello, desde ADARSA ONG (Asociación de Amigos del Río San Antonio) rechazamos e impugnamos el otorgamiento de dicha LICENCIA AMBIENTAL, la que además carece de LICENCIA SOCIAL porque no es fruto de una genuina participación ciudadana a través de un Ordenamiento Territorial Participativo. SI PARA CONSTRUIR HAY QUE DESTRUIR, NO ES PROGRESO”, subrayaron desde la ONG a través de su cuenta en Facebook.
Al respecto Fernández consideró que “mientras en el mundo se está discutiendo como enfrentar la crisis climática y preservar los bosques que quedan, acá se siguen autorizando autovías. “Esas excepciones con las que están autorizando estas obras son las que están destruyendo lo poco del boque nativo que queda en buen estado. Acá se están priorizando negocios de otros, porque tampoco es que es la autovía es para la gente. La autovía es un corredor económico de saqueo de nuestros recursos hacia el pacífico, hacia China”, advirtió.
