Elevación a juicio de la causa por contaminación de Taym: “Se comprobó la total impunidad, negligencia y criminalidad con la que trabajó la planta”

Ambiente Política - Provincial Portada

El 28 de marzo de 2017 se produjo una de las catástrofes ecológicas más graves de la historia de la provincia de Córdoba. Ese día intensas lluvias generaron el derrumbe de un terraplén de contención de la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym, ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

Productos altamente tóxicos acumulados irregularmente por la empresa contaminaron el suelo de campos cercanos (incluidas las huertas del cinturón verde del Gran Córdoba), napas de agua subterránea, aguas superficiales y la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas que abastece de agua al 30% de Córdoba capital.

Cuatro años más tarde, el fiscal de Instrucción N°2 de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, determinó la elevación a juicio de la causa que tiene como responsables penales de este hecho al apoderado y gerente de Taym César Ernesto Ripsky y María del Milagro Araoz Ferrer, jefa técnica. Ambos están imputados por el delito de contaminación ambiental culposa por residuos peligrosos.

El miércoles 19 de mayo se dio a conocer esta noticia que generó alivio en la Asamblea Santa María Sin Basura que viene luchando para evitar la prescripción.

“Recibimos con bastante alivio esta información, porque venimos batallando durante 4 años. Las pericias demostraron que el agua contaminada entró a la planta potabilizadora que abastece a medio millón de habitantes de la ciudad de Córdoba. Lo que habla de un delito gravísimo que estaba a punto de prescribir”, rescató Eli Lacombe, vecina e integrante de la Asamblea, en comunicación con VillaNos Radio.

“Por un lado, tenemos alivio de que la causa no prescriba y vaya a juicio. Por otro, una sensación de injusticia porque hay otras responsabilidades que tienen que ver con funcionarios públicos que autorizaron de manera fraudulenta la planta en un lugar inundable y luego fallaron sistemáticamente en los controles”, continuó.

Por eso, siguen solicitando a la Fiscalía Anticorrupción que acepte a este colectivo de vecinxs de la localidad de Santa Ana como querellantes y que investigue a lxs funcionarixs públicos que aprobaron la instalación de la planta. Desde la asamblea consideran que hubo un encubrimiento de quienes se encontraban a cargo de la habilitación de la empresa y el control de estos contaminantes en el territorio

La causa inicialmente estuvo esta fiscalía a cargo de Franco Mondino. Después se decidió desdoblarla, Otonello investigó la responsabilidad de la empresa y Mondino debía encargarse de lxs funcionarixs públicos.

“Esa causa esta cajoneada, se nos negó el derecho a ser querellantes y probablemente prescriba. Hay pruebas irrefutables en relación a la responsabilidad del actual ministro de Servicios Públicos, Fabián López, siendo que fraguó un certificado de no inundabilidad para permitir a Roggio instalar su planta ahí”, advirtió.

A pesar de que los estudios previos daban cuenta de que era una zona inundable próxima a una fuente de agua como el canal Los Molinos, en el 2000 la Agencia Córdoba Ambiente dio la autorización para construir la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Taym.

Fabián López, en aquel momento, era director de la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS). Fue ministro hasta hace poco tiempo de Ambiente, Agua y Servicios Públicos de la Provincia y ahora está a cargo del Ministerio de Servicios Públicos.

“Con la elevación a juicio y por toda la prueba recabada por la fiscalía de Otonello es un acto de corrupción flagrante que medio millón de personas haya podido tomar agua contaminada con residuos peligrosos y que sea le Estado quien este encubriendo a los responsables directos”, denunció.

En la investigación se incorporó un estudio pericial interdisciplinario, desarrollado por un equipo de biólogxs, geólogxs, ingenierxs hidráulicxs y químicxs, y médicxs que demostró las irregularidades que se cometían en la planta y que los contaminantes fueron arrastrados fuera del predio por el agua de escorrentía. Desde ahí llegaron hasta el canal abierto Los Molinos-Córdoba e ingresaron a la planta potabilizadora.

“El trabajo del equipo oficial interdisciplinario es la gran novedad de esta causa. Ha sido ejemplar en cuanto a su metodología y la seriedad con que encararon esta pericia. Lxs peritos y la documentación registrada por Policía Ambiental han señalado la enorme negligencia y violación sistemática a la ley de residuos peligrosos”, señaló.

En primer lugar, la planta nunca debió ser autorizada en la desembocadura de un paleocauce que colecta el agua de lluvia y drena de toda la cuenca pedemontana. La zona tiene una enorme inclinación, por lo que el agua avanza con muchísimo caudal y violencia por ahí.

En segundo, los taludes perimetrales que debían protegerla no tenían las condiciones de seguridad y habían sido permanentemente intervenidos por la empresa. Ese 28 de marzo, el agua de la fuerte tormenta arrasó el talud, sin embargo, lxs peritos de demostraron que no hubiera resistido una lluvia normal.

La compañía del grupo Benito Roggio Ambiental (BRA) se dedicaba a almacenar, tratar y enterrar desechos peligrosos provenientes de todo el país. Córdoba es una de las cinco provincias que permiten el ingreso de residuos industriales.

¿Cuáles son los materiales peligrosos que almacenaba Taym? Barros contaminados de minas, DDT, envases de glifosato, asbesto, baterías de plomo, níquel, cadmio y litio, cenizas ácidas de calderas, barros contaminados con hidrocarburos, productos farmacéuticos, desechos de producción y utilización de plaguicidas, mezclas y emulsiones de aceites e hidrocarburos, tintas, colorantes, pinturas y barnices.

Según las pericias, las fosas donde arrojaban los residuos tratados y sin tratar no tenían la malla de protección necesaria para que no infiltraran los lixiviados en el suelo y al inundarse esos líquidos tóxicos se mezclaron con el agua y se colaron sin ninguna retención. De acuerdo a los registros de auditorías de la provincia y la nación había residuos peligrosos ubicados en lugares no autorizados. La empresa había construido galpones y lugares de tratamiento de residuos, que no habían sido autorizados por la Secretaría de Ambiente, cortando el talud perimetral norte.

“La empresa venía trabajando con total impunidad, negligencia y criminalidad, mientras en los medios de comunicación se autoproclamaba como una planta modelo”, manifestó Lacombe.

Debido a la enorme cantidad de hectáreas afectadas, las muestras de residuos tóxicos representan a una enorme cantidad que está dispersa y es muy difícil identificar. Es decir, los productos están presentes en el ambiente. “Hay metales pesados que no se degradan, materiales que generan evaporación, o sea que también se contaminó el aire. Esa contaminación persiste”, detalló.

“La magnitud del impacto es imposible de precisar. Se detectó una enorme cantidad de materiales dispersos en una enorme cantidad de territorio, es imposible de precisar hasta donde llegó el agua y los materiales arrastrados por la misma”, subrayó.

Actualmente, la planta está clausurada. No ingresaron nuevos materiales, pero los que había previo a la inundación siguen ahí.

La Asamblea ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por el “manoseo de las causas ambientales”. “Nuestro interés está más en la discusión publica que haya impacto en otros fueros como el legislativo, que se prohíba el ingreso de residuos peligrosos a la provincia, que realmente haya organismos de control y que se reforme la fiscalía anticorrupción”, concluyó.

Asimismo, destacó el trabajo colectivo que viene realizando este grupo de vecinxs para lograr que se haga justicia: “La fortaleza de nuestra asamblea es la organización. Hemos logrado conocernos y sacar lo mejor del capital social de cada uno. Logramos mantener la unidad, nos ha cambiado la vida, nos ha permitido conocernos como vecines”.