Lxs trabajadorxs de la Cooperativa Integral de Carlos Paz realizaron una concentración frente a la legislatura de la provincia en Córdoba Capital, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias.
Con un mensaje dirigido directamente a Esteban Avilés, ex intendente de Villa Carlos Paz y actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo, la manifestación expresa la preocupación del Consejo de Administración de la institución, lxs trabajadorxs, lxs vecinxs de la región, el Espacio Multisectorial y el movimiento cooperativo por la destrucción de más de 400 puestos de trabajo que de manera directa o indirecta sostienen el servicio de agua en la ciudad.
“Esteban Avilés culpable de poner en peligro la salud y el futuro de Carlos Paz y Punilla”, decían los carteles.
Vale recordar que Avilés encabezó un ataque a la institución con el objetivo de despojarla de los servicios de cloacas, gas y agua que ha comenzado a prestar hace 57 años en Punilla.
“En vez de prosperidad dejan desempleo. Avilés es un gran irresponsable. Hay negocios que vienen de la mano. Quién va a querer venir a una ciudad donde no están garantizados los servicios”, afirmó Rodolfo Frizza, Gerente General de la Coopi.
Luego de que se impidiera el ingreso de las autoridades de la Coopi para presentar una nota solicitando la intervención del gobierno provincial para resolver el conflicto, un grupo de legisladorxs se comprometieron a recibir el petitorio.
Mariana Caserio, Miguel Ángel Majul y Dardo Iturria de Hacemos por Córdoba se acercaron a la concentración frente a la Unicameral, al finalizar el discurso del gobernador Juan Schiaretti.
En ese momento, se les entregó una nota dirigida a cada unx de lxs legisladorxs con el objetivo de solicitar su participación en el conflicto por el servicio del agua en Carlos Paz.
Ana Melacrino, trabajadora de la Coopi, fue la encargada de expresar a lxs edilxs la situación que está atravesando la institución ante el ataque de Carlos Paz Unido: “Es caprichoso, porque venimos prestando un servicio excelente y eficiente desde hace 57 años. Somos 260 trabajadores en toda la cuenta, más compañeros de otras cooperativas y otras empresas que se suman, hay unas 400 personas sostén de familia, a punto de quedar en la calle sin trabajo por esta decisión de Avilés y de quien ejerce el mandato Gesteira (Daniel Gómez)”.
“Necesitamos su apoyo para que lleven esta situación al señor gobernador y nos ayude. El municipio no cuenta ni con personal capacitado, ni con el conocimiento sobre cómo se sostiene el servicio, no tiene maquinaria. Hay una población directa de 100 mil habitantes que corre en riesgo sanitario en este traspaso, porque no van a saber llevar adelante el servicio”, los interpeló.
Y enfatizó “es imprescindible que hagan oír nuestra voz. Estamos desesperados”.
A partir de esta intervención, la legisladora Mariana Caserio dirigió algunas palabras hacia el cuerpo de trabajadorxs. “Desde el inicio estamos acompañándolos porque es un reclamo justo. Sabemos de la injusticia que están sufriendo, que peligran muchas fuentes de trabajo y que eso dependen muchas familias. Desde el inicio estamos poniéndole el pecho a esta situación, sabemos que es un capricho del intendente y el ex intendente”, aseguró.
Iturria, como presidente de la comisión de servicios públicos también se refirió al conflicto. “Con el legislador Majul somos del interior, del sudeste de la provincia de Córdoba, donde hay muchas cooperativas. Entendemos que el sistema cooperativo es el mejor, una herramienta fantástica para resolver el problema a la gente y dar buenos servicios. ¿Cómo no vamos a estar acompañándolos?”, argumentó
“No es una cuestión de política partidaria si no políticas de Estado. Son 57 años de historia”, subrayó. Los tres se comprometieron a garantizar la gestión y el abordaje de esta problemática en el ámbito legislativo provincial.
Además, dos trabajadorxs presentaron una nota en Casa de Gobierno solicitando que el gobernador intervenga dada la gravedad institucional para la región que representa la destrucción de la Cooperativa Integral.
A su vez, la legisladora Luciana Echevarria (MST) presentó un proyecto expresando “su preocupación por la situación de los más de 200 trabajadores y trabajadoras de la Coopi”. Y exhorta al Ejecutivo Provincial a que “arbitre todas las medidas necesarias tendientes a proteger y preservar el 100% de las fuentes de trabajo respetando en todos los casos su antigüedad, intangibilidad salarial, jornada laboral y demás derechos”.
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