Tras el asesinato de Joaquín Paredes, la provincia presentó un nuevo protocolo policial

DDHH Violencia Policial

El 25 de octubre fue una fecha trágica para la localidad de Paso Viejo, en el departamento de Cruz el Eje. Esa madrugada, un grupo de jóvenes que se encontraba en un espacio público fue atacado violentamente por agentes de la policía de Córdoba. Sin mediar palabra, comenzaron a disparar sobre los jóvenes, asesinando a Joaquín Paredes de apenas 15 años.

“La policía le disparó a sangre fría, por la espalda. Murió casi automáticamente. Fue una balacera. La policía decidió arremeter contra estos jóvenes sin ningún justificativo”, relató a VillaNos Radio Susana Rosales, docente del IPEA N° 306 de Paso Viejo y militante del Movimiento Campesino de Córdoba.

En el episodio también sufrieron heridas de bala calibre 9 milímetros Jorge Navarro (18), en el tobillo y la pantorrilla izquierda, y Brian Villagra (15), en el brazo derecho, además de una fractura de fémur, aparentemente producto de la caída. Ambos debieron ser trasladados 50 kilómetros hasta el Hospital Aurelio Crespo de Cruz del Eje.

La docente señaló también que los episodios de hostigamiento y persecución de la policía hacia jóvenes de barrios populares son frecuentes. “Esto es una cuestión estructural. No se salda con haber detenido a los policías que intervinieron. Si no hay un cambio estructural, el abuso policial seguirá”, consideró.

La fiscal de Cruz del Eje Fabiana Pochettino ordenó el apartamiento y detención de los cinco policías involucrados. Los agentes Enzo Ricardo Alvarado (28), Maykel Mercedes López (24), Iván Alexis Luna (25), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) y el sargento Jorge Luis Gómez (33) están imputados por homicidio agravado y heridas graves calificadas por su condición de funcionarios de seguridad.

Nuevo protocolo. El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, presentó el martes 27 de octubre el nuevo protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza.

Se trata de una regulación que sistematiza los protocolos anteriores y que el gobierno provincial dio a conocer en medio de los cuestionamientos hacia la policía ante un nuevo episodio de gatillo fácil.

“Este protocolo ratifica una vez más que el uso del arma de fuego es una excepción excepcionalísima y sólo cuando median riesgos inminentes para la vida del personal policial o de terceros”, expresó el ministro en conferencia de prensa y agregó: “Será de cumplimiento obligatorio y será ley para los policías en el ejercicio de sus cargos. Aquellos oficiales jefes o superiores que no estén a la altura de las circunstancias deberán abandonar de inmediato los deberes de su cargo si no tienen la capacidad, voluntad ni decisión de hacer cumplir las normativas contenidas en este protocolo”.

La norma establece, entro otros aspectos, la prohibición de efectuar disparos a personas que solamente están causando daños materiales o pueden producir lesiones mínimas. También prohíbe disparar hacia una multitud, desde o hacia vehículos en movimiento (salvo que corra riesgo inmediato, inminente y grave la vida del personal policial o de un tercero y no hubiere otra opción de abordaje), o “hacia un objetivo que no se encuentre lo suficientemente definido”.

Valeria Plaza, abogada y coordinadora del Programa de Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, consideró que “este protocolo no inaugura nuevas leyes sino lo que hace es tipificar o aclarar qué sanciones administrativas van a correr para el personal policial”.

En esa línea consideró necesario definir esferas del control administrativo, judicial y político. “Hay que definir de qué manera se va a estar controlando y que el actor policial se sienta observado y controlado por el plano político, que es a quien la ciudadanía le puede exigir que haga o no haga algo”.

La abogada también remarcó en la importancia de que el protocolo sea conocido por la ciudadanía. “Sobre todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que mayor interacción policial tiene”, subrayó.

Asesinatos en pandemia. Según un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en la provincia ya han ocurrido siete asesinatos por parte de la policía desde comienzo de la pandemia.

A través de una nota dirigida al ministro Mosquera, las organizaciones denunciaron que “el contexto de la pandemia profundizó las prácticas de violencia institucional tanto de la Policía de la Provincia de Córdoba como en todo el territorio nacional debido a las facultades de control de la restricción de circulación delegadas a las fuerzas de seguridad”.

En ese escrito informaban seis muertes por disparos policiales desde que se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en Córdoba: en Villa La Tela, Gastón Miranda (27 años); en Villa Adela, Fabián Perea (28); en barrio San Lorenzo, Franco Sosa (23); en Los Paraísos, Osvaldo Nicolás Velázquez (34); en Villa El Libertador, José Antonio Ávila (35), y en el Centro, Valentino Blas Correas (17).