El municipio tiene en negro y sin obra social a lxs trabajadorxs del servicio de agua

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A 13 días de que el municipio de Villa Carlos Paz Haya asumido la prestación del servicio de agua, todavía no ha resuelto la contratación de lxs 83 trabajadorxs de la COOPI que habían firmado el traspaso. La situación quedó en evidencia en las últimas dos reuniones en el Ministerio de Trabajo desarrolladas el martes y el miércoles de esta semana y desde el SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias) advirtieron que la situación se encamina hacia un conflicto. De hecho este miércoles se concretó en los jardines municipales una asamblea abierta para denunciar públicamente la situación.

“El municipio tomó el servicio el 30 de abril y ese mismo día incorporó formalmente y en términos reales a los 83 que hasta ahora pasaron al municipio. Hoy nos damos en el Ministerio de Trabajo con que ninguno de esos trabajadores tiene su alta temprana. Es decir: son 83 trabajadores en negro y hoy el municipio fue a explicar que no encuentra la manera de incorporarlos”, expresó Gustavo Valdez, secretario general del SIPOS.

Vale recordar que el 19 de febrero pasado, lxs concejalxs de Carlos Paz Unido aprobaron el proyecto de ordenanza enviado por el intendente Daniel Gómez Gesteira que dispuso “la absorción, por parte del municipio, del personal dependiente de la Cooperativa Integral afectado al servicio de agua, de conformidad  a lo dispuesto a través de la  RESOLUCIÓN N° 05/2021, dictada por el ministro de Trabajo de la Provincia”.

“Hemos denunciado los incumplimientos graves que esto significa, en relación con el laudo arbitral e incluso en relación con la ordenanza que dictó el propio municipio. Hemos pedido inspección por parte del Ministerio de Trabajo en la municipalidad para acceder a toda la información y documentación y que el ministro se expida sobre el incumplimiento en el que incurre la municipalidad.

“Para nosotros esto tiene consecuencias terribles, por ejemplo, que se han quedado sin obra social. De estar en la Cooperativa Integral, con una cobertura en salud absolutamente cubierta pasaron a no tener prestador a donde acudir en caso de una enfermedad o accidente. En el mismo sentido, de estar en la Cooperativa con todos sus elementos de trabajo, elementos de seguridad que hacen a la integridad psicofísica de cada trabajador pasaron a no tener herramientas elementales de lo que es necesario para cumplir con la tarea. Ni ropa de trabajo, ni botines, ni elementos de seguridad”, detalló Valdez.

El hecho de que el municipio no pueda contratar a personal bajo régimen de empleo privado regulado por la Ley de Contrato de Trabajo fue advertido tanto por el gremio como por los concejales de la oposición. Sin embargo, el gobierno de Carlos Paz Unido y el Ministerio de Trabajo de la provincia siguieron adelante.

“Esto es un escándalo. Se han encontrado con que AFIP no les habilita la CUIT para actuar en la vida económica y jurídica como un sujeto de derecho privado. Es decir: no le habilita ser empleador de trabajadores comprendidos en la ley de contrato de trabajo. Como gremio dijimos siempre que esto era así. El ministro de trabajo luego resolvió otra cosa. Resolvió que se había encontrado una solución”, expresó el gremialista.

En este sentido, reiteró la propuesta del SIPOS de que la forma de resolver esta situación es a través de la creación de un ente autónomo y autárquico que le permita al gobierno crear una persona jurídica diferente al Estado municipal. “Ese ente sí puede ser empleador del sector privado y puede incorporar a los trabajadores. A contramano de eso vinieron con un mamarracho de propuesta y recién hoy reconocieron lo que está pasando”, dijo Valdez.

Además, consideró que la negativa del municipio a crear un ente puede tener que ver con la posibilidad de manejo de los fondos. “Con este esquema que quieren aplicar hoy, lo que recaudan del agua puede ir a parar a rentas generales y de ahí a cualquier parte. En cambio, si esto lo tengo definido en un presupuesto del ente autárquico EMOS (Ente Municipal de Obras Sanitarias), lo que entra para el agua queda para el servicio de agua y no se puede utilizar en otra cosa. Se me ocurre que eso es lo que está pasando y que no lo dicen”, expresó.

Sin herramientas ni elementos de protección

En la audiencia de este miércoles, convocada de urgencia por parte del Ministerio de Trabajo, el SIPOS dejó plasmado en el acta la denuncia de los graves incumplimientos y el pedido de aplicación de sanciones al municipio. También se le demandó al organismo provincial que inspecciones las condiciones en las que están hoy lxs trabajadorxs abocados al servicio de agua. Al día de hoy, no cuentan con ropa de trabajo, ni elementos de seguridad ni herramientas para llevar adelante la tarea.

Valdez dijo que la semana pasada tuvieron una reunión con el subsecretario de Agua y Saneamiento, Roberto Cotti, y con el director de Recursos Humanos, Roberto Buzzurro, quienes pidieron “paciencia”.

“Hace cinco años que decidieron tomar el servicio y hace meses le sacaron la foto a móviles municipales recién adquiridos con una inversión de 150 millones de pesos, y ahora resulta que no hay vehículo en ninguno de los servicios: ni en la planta, ni para las cuadrillas. Así como no hay vehículos, no hay ropa de trabajo. Es patético.

“En una reunión en la que estuvo Cotti y Buzurro dijeron que se hacían cargo de no poder entregar camperas de abrigo y que no tenían problemas en que los compañeros sigan usando las camperas de la COOPI. Así de patética es la situación. No hay herramientas. En la necesidad de trabajar, porque son compañeros, con cultura del trabajo y con compromiso en el servicio que prestan, no están para no hacer nada. Entonces, ahí, en la fábrica hay una soldadora y los compañeros han fabricado hachas, picos con los ir encierran de descarte para tener una herramienta con la cual trabajar. Es vergonzoso”, describió Valdez y añadió que tampoco están garantizadas las medidas sanitarias en el marco de la pandemia.

Y remarcó: “Hay un total desinterés por la suerte de los trabajadores. Esto no nos sorprende, pero no estamos dispuestos a que sea así”.

Desde el gremio también denunciaron las amenazas y aprietes por parte de funcionarios municipales a lxs trabajadores, desalentando a participación en la asamblea. “Roberto Buzurro amenaza a la gente no represalias, descuentos y sanciones en caso de que pudieran plegarse a algún paro o medida gremial”, expresó Valdez.

Una de las definiciones -reiteradas- que tuvo el SIPOS en el último tramo del conflicto fue que no habría traspaso el servicio a la órbita municipal si no estaba resulta a la situación de lxs trabajadorxs. Al ser consultado al respecto, Valdez, contestó: “Por lo menos de los 83, la situación estaba resuelta. Lo que viene después es la mentira, la estafa. Decirnos el 30 de abril que iban a tomar el servicio y que darían el alta temprana a los trabajadores, sabiendo desde el día 13 de abril que eso no estaba, eso es estafatorio. Pura mentira y defraudación. A los pocos días nos dicen en una reunión que el lunes entregaban las altas, sabiendo que no las tenían y que siguen sin resolver la situación. Están mintiendo. Nosotros seguiremos luchando para que la situación de los trabajadores verdaderamente se resuelva”, afirmó.