Desigualdad territorial en el acceso y demanda de mayor capacitación: el balance de un año de la ley IVE

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El pasado 30 de diciembre se cumplió un año de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, una conquista histórica del movimiento de mujeres y disidencias que significa ampliación de derechos.

Los datos oficiales indican que fueron 32.758 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público al 30 de noviembre de 2021.

También que hay 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país que garantizan la práctica, lo que implica una implicación de la oferta de un 30% en el último año. Otro dato positivo es que la línea 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación de asesoramiento y derivación recibió 19.000 consultas sobre interrupción del embarazo entre enero y noviembre, cuando en los diez años previos respondió en total 17.302 llamados vinculados a este derecho.

La información de la Cartera de Salud también indica que se distribuyeron en todo el país 46.283 tratamientos de misoprostol, el medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar abortos, mientras que en 2020 la cifra total fue de 18.590 unidades.

Sin embargo, todavía se observan fuertes desigualdades entre provincias, de acuerdo con un monitoreo sobre aplicación de la norma y atención posaborto.

Ana Morillo, coordinadora del área de salud de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito dialogó con VillaNos Radio sobre el informe titulado “12 datos para 12 meses” que da cuenta, también, del cumplimiento de la ley 27.610 en la provincia de Córdoba.

“Sentíamos que necesitábamos tener estos datos bien concretos y reales, desde la voz de cada efector de salud”, dijo y detalló que la elaboración del informe comenzó con una convocatoria a integrantes de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir que tienen una fuerte inserción en sus territorios. “Más allá de los datos, nos parecía importante conocer la incidencia política hacia los sectores hacia los cuales íbamos a ir a consultar”.

Se relevaron 721 efectores de salud de toda la provincia comunales, municipales, provinciales y nacionales. “Solo un 10% no contestó porque no pudo o no le dieron autorización para contestar”, destacó Morillo e indicó que el 25% cumplen con la ley IVE (hasta la semana 14), lo cual representa a 178 centros de salud y hospitales distribuidos en 20 de los 26 departamentos.

Para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) son 11 hospitales los que lo garantizan, 5 de ellos están en la capital provincial. En este sentido, Morillo indicó que “la desigualdad en el territorio que se reproduce a distintas escalas”.

“Hay mucho trabajo por hacer todavía. Hay mucho desconocimiento”, expresó la profesional y como ejemplo mencionó que en los hospitales municipales o comunales no tienen en claro si también les corresponde aplicar la ley o sólo debe hacerse en los nosocomios regionales.

“En algunos casos había intención de obstaculizar, pero en muchos otros lo que existe es desinformación. No se conocía, por ejemplo, que una interrupción del embarazo se hace de manera muy segura con medicación y de manera ambulatoria. No requiere de una internación, no se trata de un legrado”, aclaró.

Otro de los aspectos que detalla el informe es la desigualdad en el acceso a la salud en el territorio provincial. “El financiamiento del sistema de salud recae sobre la jurisdicción a la que pertenece cada centro de salud y hospital público. De estos 721 centros de salud y hospitales públicos, el 83,1% corresponde al nivel primario de atención, que es donde se registran mayores dificultades en materia de recursos humanos, infraestructura y equipamiento”, se lee en el relevamiento y agrega que “los recursos e insumos del Programa de Salud Sexual y Reproductiva que se envían desde Nación para los efectores de salud, debieran ser reforzados por el Ministerio de Salud Provincial, pero las personas encuestadas refieren que esto no está garantizado”.

Entre las dificultades más frecuentes para la aplicación de la Ley 27.610 se mencionó la falta de personal y se demandó capacitación en un 65% en los hospitales y en un 70% en los centros de salud, especialmente los que se encuentran en lugares pequeños y/o alejados geográficamente de los departamentos cabecera.

“Es altísima la demanda en capacitación, en diferentes ejes. Vimos también que la cantidad de profesionales en cada institución de salud que trabaja salud sexual y reproductiva es muy minoritario comparado con el total de trabajadores del hospital. Hay un promedio de entre uno y cinco, aunque el hospital tenga 80 trabajadores. Por eso cuando preguntamos cuales el problema principal la primera respuesta que aparecía es la falta de personal”, dijo Morillo y remarcó: “Aparentemente no hay una prioridad puesta en tener profesionales que garanticen el acceso a la salud sexual y reproductiva”.