Contra la violencia colonial: la histórica movilización en unidad de pueblos originarios de Córdoba

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“La inacción de la justicia, el desarrollismo inmobiliario y minero junto a usurpadores y redes de estafadores producen el despojo, el avance sobre los territorios, la destrucción de sitios ancestrales y antigales, la violencia de género, criminalización de comuneros, la matanza de animales, atentados, imputaciones de la justicia sin sentido.

“Todas estas situaciones se han recrudecido en los últimos meses, y profundizan una política colonialista, patriarcal y esclavista vulnerando contundentemente los derechos colectivos que tenemos como pueblos preexistentes a los estados. Atropellan nuestra identidad y espiritualidad cuando destruyen lugares sagrados y de memorias, y los cementerios que guardan a los ancestros y con los cuales estamos unidos; nos siguen colonizando cuando deciden sobre sitios que llaman arqueológicos con sus políticas patrimonializadoras y nos excluyen de la consulta que la ley obliga, en esta ‘Córdoba Docta y libre de indios’ que nos sigue ignorando”, denuncia parte del documento consensuado por las comunidades de los pueblos nación Camichingón, Ranqvlche y Sanavirón que el viernes 17 de septiembre marcharon por pleno centro de Córdoba capital para denunciar la violencia colonial que lxs sigue afectando.

El punto crucial de las demandas es la defensa de los territorios que las familias habitan desde antes de la creación del Estado argentino. “Para nosotras y nosotros el territorio no es sólo una extensión de tierra: una parcela, un terreno, un campo, una hectárea. Mucho menos una propiedad. Es autonomía, autosubsistencia, soberanía alimentaria. Es la parte integral de nuestro ser. El territorio es quien no da la identidad.

“Del territorio somos guardianes y aprendices, conocemos el pasado, el presente y el futuro de nuestro existir cuando estamos en contacto con él. Aprendemos de la convivencia con lo natural y cultural, atisbando lo cotidiano, con alteridad y empatía a todo lo que nos rodea. No podemos ser sin pertenecer. Es la marca y guía de nuestro buen vivir. Cuando se habla de territorio, se habla de familia, encuentro, respeto, aprendizaje, comunión, ancestros, memorias, ceremonias e historias reales: la de nuestros ancestros y ancestras”, agrega el documento que fue leído ante la multitud que participó de la caminata.

El punto de concentración inicial fue la plaza Kamichingón (exColón) donde se concretó una conferencia de prensa donde lxs referentes de diferentes comunidades tomaron la palabra para reclamar por el cese de los hostigamientos, amenazas y vejaciones que viene padeciendo.

Así lo expresó Carlos López, nahuán de la comunidad Pluma Blanca, ubicada camino a Candonga. “Están sacando material de las canteras. Se viene sufriendo amenazas verbales, amenazas directas de muerte. Han colocado explosivos en las viviendas. Botellas con combustible. Estamos pidiendo a la directora del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que se presente en Tribunales y que hagan lo que les corresponde para que todas estas cosas no sigan pasando”, expresó y añadió que para poder participar de la movilización en Córdoba capital tuvieron que solicitar custodia policial en el territorio que habitan.

“Con toda la sangre que ya se derramó ya le hemos pagado al blanco. Que el Estado se haga responsable de todo lo que está pasando en los diferentes territorios. Las comunidades están vivas y no nos van a apagar. Estamos decididos a no callarnos. No le vamos a ceder ni un metro más del territorio al huinca. Demasiado con lo que nos robaron y sangraron a nuestra gente”, enfatizó.

En la zona de Punilla, la situación más crítica la viene padeciendo la Comunidad Ticas del pueblo ancestral comechingón del territorio Quisquisacate, en la localidad de Bialet Massé, que denuncian hostigamiento por parte de desarrolladores inmobiliarios, patotas armadas, incendios de bosque nativo y amenazas de violencia física y sexual.

Aldo Gómez, nahuan de la comunidad, expresó a VillaNos Radio que la situación es de agresión que viene sostenida desde hace más de cinco años. “Las agresiones vienen por parte de un fideicomiso que intenta usurpar el territorio. Agreden a las personas, cortan los alambrados, roban los postes. Hasta ahora hemos logrado resistir y sacarlos. Nosotros no estamos inventando nada. Tenemos absolutamente toda la documentación para demostrar nuestra presencia ancestral en el territorio, que es pacífica y comunitaria”, remarcó.

Sostuvo que la situación los tiene intranquilxs y que toda la comunidad está a la defensiva. “No queremos vivir así. Hay otras cosas más importantes para hacer en la vida”, manifestó.

Por los intentos de usurpación del territorio, la comunidad más de 50 denuncias ante la Fiscalía de Cosquín que no prosperaron. Sin embargo, el 19 de agosto cuatro personas de la comunidad fueron citadas a la comisaría de Bialet Massé, donde se les comunicó que la Fiscalía había decidido imputarles por el delito de turbación de la propiedad. “Eso nos tiene muy mal. Desde la justicia no nos han dado ninguna explicación amparándose en que está vigente el secreto de sumario. Es difícil poder turbar el propio territorio”, remarcó Aldo.

En cuanto a la movilización, el referente de la Comunidad Ticas señaló que se trató de un hecho histórico considerando la unidad de todas las comunidades y el acompañamiento de organizaciones sociales, instituciones y vecinxs en general. “Es muy positivo para nosotros, porque vemos que la sociedad de laguna manera ha entendido nuestro reclamo y lo ha tomado como suyo. Eso nos pone muy contentos y agradecidos”, dijo.

Y enfatizó: “Hoy estamos los tres pueblos y las comunidades unidas. Esto quiere decir que la historia es otra. Que un decreto no hace desaparecer a un pueblo. El aporte que estamos haciendo es al saneamiento de la historia y de la cultura. Hoy lo estamos demostrando acá con la presencia real”.

Sergio Espíndola, nahuán de la comunidad Camchira (en Salsipuesdes) relató que hace cinco años lo estafaron y que ahora quieren quedarse con las tierras de la comunidad. “Me hicieron firmar unos documentos y yo no sé leer ni escribir. El documento cedía el territorio a un abogado y un policía. De ahí esta gente empezó a vender el territorio. En estos momentos ya no tenemos nada. Lo que pedimos a fiscalía es que mueva algo y nos devuelvan algo. Hace un año nos sacaron parte del territorio y no lo tienen ni ocupado. Estamos pidiendo que nos devuelvan eso para poder continuar con el cuidado de animales, la siembra, con nuestra vida. Los mismos vecinos corren el alambre. Cada vez se agarran más tierra”.

Las comunidades subrayaron que la situación es insostenible e hicieron un llamado de atención a las autoridades nacionales y provinciales a que intervengan para frenar la escalada de violencia. “Reclamamos que de inmediato se pongan en marcha los mecanismos jurídico-políticos necesarios para poner un freno y se medien las acciones necesarias para una reparación por tantos años de maltrato físico y psicológico”, se lee en el documento.

Y concluye: “Alzamos nuestra voz para que nos escuche el Estado, la sociedad, los funcionarios y los jueces. Terminemos con este avasallamiento que quiere destruir nuestra cultura, nuestras familias y sigue provocando desarraigo y discriminación. Nosotros y nosotras somos pueblos-nación. Pueblos que estaban antes de que se construya Argentina. Pueblos que, como sujetos colectivos históricos, ancestrales, de miles de años, tenemos derecho a seguir habitando nuestro territorio en paz. Es por eso que bregamos por una verdadera interculturalidad que nos reconozca como lo que somos: pueblos y naciones y no solo vendedores de artesanías”.