“Cambian los gobiernos y el aparato represivo jamás ha sido desmantelado”

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La Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil concretó este viernes 27 de agosto la séptima marcha nacional contra el gatillo fácil para seguir denunciando la represión estatal que tiene como principales víctimas a jóvenes de barrios populares.

En la previa a la marcha se conoció un nuevo asesinato cometido por un policía en la zona de Costanera Norte, en Córdoba Capital. La víctima fue un joven de 23 años. El policía se encontraba de civil y quedó detenido unas horas. La fiscal Liliana Copello dispuso al día siguiente su libertad, aunque quedó imputado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. “Cada año, antes de salir a marchar, hay una víctima nueva de gatillo fácil. Es como una provocación. Lo sentimos así”, dijo Romina, integrante de la organización impulsora de la marcha. Además, detalló que ese mismo día se marchaba en 13 provincias del país.

“Volvemos a salir a la calle, pero sentimos que no nos escuchan. No nos dan las respuestas que necesitamos y que merecemos. Exigimos que el Poder Judicial, el gobierno, el Estado se haga cargo de estos asesinatos sistemáticos que ocurren cada 18 horas a lo largo y ancho del país. Esos son crímenes de estado de los cuales nadie se está haciendo cargo”, remarcó.

En la movilización hubo una nutrida concurrencia de familiares de víctimas de crímenes ocurridos en el interior provincial. Tal es el caso de Lucas Funes de 25 años, asesinado el 14 diciembre de 2012, en Río Tercero. “Queremos un juicio. Hace nueve años que estamos esperando. Ellos saben que el policía Luciano Carnero asesinó a mi hermano. Vamos a luchar hasta el final porque no les tenemos miedo”, expresó.

La familia de Franco Amaya, víctima de gatillo fácil ocurrido el 22 de febrero de 2017 en Villa Carlos Paz, también marchó reclamando justicia.

Lxs allegadxs a Joaquín Paredes, asesinado el 25 de octubre de 2020 en Paso Viejo (Cruz del Eje), también participaron de la movilización. “Decían que Joaquín estaba ebrio y violando la ley. Pero yo les pregunto a los señores jueces, al señor fiscal si al policía tiene derecho a matar. No me lo explico”, dijo Esteban, abuelo de Joaquín, que durante 25 años también fue policía. “Le pido a la justicia que actúe como corresponde. Los cinco policías fueron los que dispararon”, expresó recordando que tres de los involucrados ya fueron liberados y sólo el policía que efectuó el disparo que mató a Joaquín -Maykel Mercedes López- está imputado por homicidio agravado; el resto solo tiene la imputación de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La multitudinaria movilización partió desde la céntrica esquina de Colón y General Paz para terminar en el ingreso al Centro Cívico, que se encontraba vallado y con fuerte presencia policial en el lugar. Allí se realizó una intervención con los nombres de los diferentes policías involucrados en los crímenes sobre cuales se sigue reclamando justicia a viva voz.

“Cambian los gobiernos y el aparato represivo jamás ha sido desmantelado, solo se lavan la cara, mientras hablan del gatillo fácil con mentiras, cómo lo dicho por el gobernador Schiaretti dónde alude que las investigaciones judiciales se respetan, cuando sabemos que las escenas del crimen son alteradas, los cuerpos son manipulados no solo por la policía sino también por los médicos forenses. La impunidad también se sostiene desde el poder judicial donde los fiscales y jueces intentan hacer pasar como defensa propia los asesinatos y en los pocos casos que se ordenan avances, las fiscalías no responden, o son procesos mucho más lentos y largos. Nuestras causas siguen siendo cajoneadas y para obtener justicia debemos llevar adelante una lucha interminable”, denunciaron las familias.

El cierre de la marcha se dio con la quema de una replica de la Casa de Gobierno.

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Hoy 27 de agosto nos volvemos a encontrar una vez más para exigir justicia por todes les pibes. Tomamos las calles ya que es nuestra única herramienta para que nuestra lucha se visibilice.

¡ESTA ES LA SÉPTIMA MARCHA NACIONAL CONTRA EL GATILLO FÁCIL!

Desde la primera movilización en el año 2014 hasta la fecha nada ha cambiado, les pibes siguen siendo asesinades, torturades y desaparecides. Mientras que el poder judicial sigue generando cansancio físico y psicológico a les familiares para que abandonemos la lucha.

Por eso afirmamos que los asesinatos en manos de las fuerzas represivas son crímenes de estado que los gobiernos ejercen en los barrios más vulnerados. No son casos aislados, son políticas de estado, direccionadas y planificadas.

Cada 18hs asesinan a un pibe a lo largo y ancho del país.

Cambian los gobiernos y el aparato represivo jamás ha sido desmantelado, solo se lavan la cara, mientras hablan del gatillo fácil con mentiras, cómo lo dicho por el gobernador Schiaretti dónde alude que las investigaciones judiciales se respetan, cuando sabemos que las escenas del crimen son alteradas, los cuerpos son manipulados no solo por la policíasino también por los médicos forenses. La impunidad también se sostiene desde el poder judicial donde los fiscales y jueces intentan hacer pasar como defensa propia los asesinatos y en los pocos casos que se ordenan avances, las fiscalías no responden, o son procesos mucho más lentos y largos. Nuestras causas siguen siendo cajoneadas y para obtener justicia debemos llevar adelante una lucha interminable.

Les familiares estamos hartos de las diferencias de derechos, de que dictaminen los casos por quién era y que estaba haciendo. Les pibes están siendo fusilades en las calles y en contextos de encierro. Todes les familiares y amigues tenemos derecho a visibilizar nuestros casos, queremos que dejen de mentir sobre nuestros pibes, que tienen una historia y merecen ser escuchadas.

¡Queremos saber dónde están! Tehuel de la Torre pibe trans desaparecido hace más de 5 meses, Delia Prolijo, Jimena Arias, Marisol Rearte, Luz Oliva, Silvia Gallardo, Yamila Cuello,

Facundo Rivera Alegre y todes les desaparecides en democracia. Exigimos una búsqueda real, el desmantelamiento de las redes de trata y que terminen estas prácticas represivas.

Desde el comienzo de la pandemia se acrecentó la crisis social y económica, golpeando a los sectores populares, donde los gobiernos solo dan ayudas insignificantes, siempre priorizando y beneficiando a los grandes capitales. Respondiendo con precarización y represión al pueblo que ante los reclamos solo reciben violencia e imputaciones por parte del estado, como en el caso de les estudiantes universitarios, exigimos la ¡Absolución Ya!

La pandemia trajo más muertes, hambre y mayor impunidad a la policía, que sigue amedrentando a nuestres pibes, no solo en las calles sino también en los centros de detención y en las distintas cárceles de argentina donde se registran asesinatos, camas de sujeción, amedrentamientos y requisas violentas. Al mismo tiempo restringen las visitas y el ingreso de alimentos, dejando completamente aislados a les preses de sus afectos, destruyendo su salud mental además de la física. Como sucede en el (EP9) Establecimiento Penitenciario 9 y en el CPA donde se violan todos los derechos de les detenides, dejándoles incomunicades y sin dar información de su paradero a les familiares. Tenemos la plena convicción que los centros de detención son centros de exterminio.

Queda más que claro que no solo vamos en contra de la institución policial sino del aparato estatal que ejerce represión sistemática. Queremos respuestas, que nuestras causas avancen y que las condenas dejen de ser vergonzosas, merecemos duelos justos. Le exigimos al estado y a los gobiernos de turno que se hagan cargo de esta problemática. Y que sepan que no vamos a claudicar, que no vamos a transar con nadie y que nuestro único objetivo es conseguir justicia y justicia es que no pase nunca más.

¡La sangre de los pibes no se negocia!