Córdoba capital fue una vez más epicentro de la Marcha de la Gorra, la movilización político-cultural impulsada por jóvenes que en sus 14 años de vigencia se ha convertido en un emblema de denuncia de la violencia policial.
“El peor virus es la yuta”, resumía uno de los tantos carteles que se pudieron ver a lo largo de la movilización desarrolladla el viernes 20 de noviembre. La marcha comenzó en la céntrica esquina de Av. Colón y General Paz pero en esta oportunidad no pudo llegar hasta el edificio del Panal porque el vallado policial se adelantó unos metros sobre calle 25 de mayo.
“En Alta Gracia hostigan mucho a los chicos. No pueden salir a la plaza. A mi hijo lo viven deteniendo sin causa”, señaló Julieta, madre de un joven. “Venimos a pedir justicia de todos lados y para todos los pibes que ha matado la policía”, dijo Facundo, amigo de Joaquín Paredes (de 15 años), asesinado el 25 de octubre pasado en Paso Viejo (Cruz del Eje). “Era un niño bueno. No hizo nada, lo mataron por la espalda y lo dejaron tirado”, recordó.
“La idea de venir es para construir una justicia, que no es nada más en los Tribunales, es también en las calles. Queremos demostrarles a los chicos también que su voz vale y mucho”, consideró Verónica Parisio, vecina de Villa de Soto.
La familia de Franco Amaya, el joven de 18 años asesinado por la policía en Villa Carlos Paz, participó de la movilización. “La marcha siempre se vive con mucha adrenalina. Vengo a acompañar a otras madres, a escuchar los testimonios. Ver que se suman nuevos casos, nuevas víctimas es muy doloroso. Marchamos para levantar la voz, para hacer escuchar el nombre de los chicos por la memoria de ellos y para que se haga justicia”, dijo.
Este año, la mirada estuvo dirigida al reforzamiento del aparato policial dado en pandemia. “Estamos enfrentando dos pandemias: la sanitaria y la represiva. Los gobiernos con la excusa de garantizar la cuarentena, lejos de dar soluciones a les millones de pobres, desplegaron al aparato represivo, posibilitando un mayor amparo para las prácticas vejatorias de derechos humanos en un contexto que amerita respuestas de orden sanitario y social”, denunciaron las organizaciones convocantes en el documento final.
“Los gobiernos, con la excusa de garantizar la cuarentena, lejos de dar soluciones a les millones de pobres, desplegaron al aparato represivo, posibilitando un mayor amparo para las prácticas vejatorias de derechos humanos en un contexto que amerita respuestas de orden sanitario y social. Sin embargo, la única respuesta del Estado ante las necesidades populares ha sido la represión”, denunciaron.
En lo que va del año en Córdoba se cometieron ocho asesinatos por gatillo fácil (siete de ellos en contexto de pandemia). A nivel nacional, la cifra ya supera los 100 crímenes a manos de las fuerzas represivas estatales. Según datos de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) en agosto de este año ya eran 102 las víctimas de violencia policial, incluyendo allí uso letal de arma de fuego, muertes en lugares de detención, femicidios cometidos por agentes policiales y desapariciones.
